La administración del presidente Donald Trump enfrenta una nueva amenaza de procedimientos por desacato judicial tras las deportaciones de ciudadanos a El Salvador, según lo dictado este miércoles por un tribunal federal.
El juez de distrito James E. Boasberg encontró causa probable para iniciar un proceso por desacato al determinar que la administración ignoró su orden de detener los vuelos con deportados.
Boasberg sostuvo que la administración no solo desafió a los tribunales, sino también a la Constitución de Estados Unidos.
“La Constitución no tolera la desobediencia intencional de órdenes judiciales — especialmente por parte de funcionarios de una rama del gobierno que han jurado defenderla”, escribió el juez en su fallo.
Boasberg ordenó que los deportados retenidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador sean devueltos a custodia estadounidense antes del 23 de abril, aunque aclaró que la administración Trump “no necesita liberarlos” ni “transportarlos” físicamente a Estados Unidos.
“El tribunal no toma esta conclusión a la ligera ni con premura; de hecho, ha dado a los demandados amplias oportunidades para rectificar o explicar sus acciones”, escribió Boasberg.“Ninguna de sus respuestas ha sido satisfactoria.”
La administración también enfrenta una posible acción por desacato ante la orden de la Corte Suprema que exige facilitar la liberación de Kilmar Abrego Garcia, un detenido del CECOT que nació en El Salvador y vivía en Maryland antes de su deportación en marzo, a pesar de contar con una orden de protección judicial.
El senador federal Chris Van Hollen, de Maryland, estuvo el miércoles en El Salvador para reunirse con el vicepresidente Félix Ulloa y tratar el caso de Abrego García. Durante una conferencia de prensa, afirmó que no había evidencia de que el joven hubiera cometido un delito.
“Simplemente deberían dejarlo en libertad”, dijo Van Hollen, miembro del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de EE.UU.
El presidente Trump y su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele, han insistido —sin presentar pruebas— en que Abrego García, al igual que los demás deportados detenidos en el CECOT, es un terrorista por supuestos vínculos con pandillas.
La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, criticó el viaje de Van Hollen y reiteró el martes y miércoles que la administración Trump no tiene intención de liberar a un presunto miembro peligroso de la MS-13.
La administración Trump ha estado utilizando una ley de tiempos de guerra para designar a ciertos pandilleros y narcotraficantes extranjeros como terroristas. Boasberg había fallado en contra de esta práctica, argumentando que impedía a los detenidos impugnar sus deportaciones en tribunales, pero la Corte Suprema falló a favor de Trump.
