LIMA – Las vías principales de la capital peruana lucían el jueves con pocos autobuses de transporte urbano por una huelga en protesta por el asesinato de al menos 14 conductores en lo que va del año, lo que provocó la suspensión de las clases presenciales de casi tres millones de escolares y universitarios.
Este es el quinto paro de transportistas en siete meses en el que piden de forma sucesiva al gobierno de la presidenta Dina Boluarte que combata a los delincuentes que usualmente desde motocicletas en marcha los acribillan frente a sus pasajeros por no pagar las extorsiones que les exigen a diario.
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Los transportistas marcharon desde la periferia al centro, donde está ubicado el palacio presidencial y el Parlamento que estaban protegidos con rejas metálicas y policías. Entre los manifestantes, también marchaban familiares de conductores asesinados y otras víctimas de la violencia extorsiva.
La escolar Dayra Benigno llevaba un cartel con el retrato de su padre, Loymer Benigno, un chofer de autobús acribillado por la espalda por un hombre armado la tarde del 4 de abril frente a sus pasajeros. “Trabajaba más de 14 horas todos los días para que nada nos falte”, dijo a The Associated Press la escolar de 16 años. “Quería que estudie... Decía que ser chofer era muy sacrificado, todo el día frente al timón”.
También había parientes de comensales que asistieron sin saber a restaurantes amenazados por la extorsión y fueron asesinados en medio de ataques armados. Karen Valenzuela, la esposa del mecánico Limber Cubas, llevaba una pancarta exigiendo justicia para su marido asesinado la noche del 6 de abril por dos desconocidos que ingresaron disparando varias ráfagas de tiros a un restaurante de pollo rostizado de la zona norte de Lima.
El primer ministro, Gustavo Adrianzén, comentó en la televisión pública que el paro del transporte “no era la mejor manera de luchar contra el crimen". Añadió que "paralizar Lima y (el puerto del) Callao le significa muchísimo dinero al Estado”, aunque no precisó en cuánto se contabilizaban las pérdidas. La víspera negó en el Parlamento que la lucha contra la delincuencia haya fracasado, sino que tenía un “éxito progresivo”.
Temprano la prensa local reportó que en casi todos los paraderos de esta ciudad de 10 millones de habitantes numerosos grupos demoraban hasta dos horas para subir a los escasos autobuses en funcionamiento, automóviles o improvisadas furgonetas de carga que habían hasta triplicado sus precios para llevar a los pasajeros.
El martes un hombre que iba en una motocicleta, conducida por otro, disparó contra un chofer de 65 años hiriéndolo en el abdomen delante de sus pasajeros. El ataque ocurrió en medio del estado de emergencia decretado por el gobierno hace casi un mes, con restricción de derechos constitucionales y militares en las calles, pero que no ha detenido los crímenes.
Desde inicios del año al menos 14 conductores del transporte —incluidos autobuses, autos colectivos y mototaxis— han sido asesinados frente a sus pasajeros en las calles de la capital peruana. Al inicio los ataques ocurrían usualmente en la madrugada o casi a la medianoche, pero después comenzaron a ejecutarse durante el día y, en algunos casos, incluso cerca de grupos de policías o militares que cuidan algunas calles.
Las extorsiones y los asesinatos han aumentado los últimos años, según datos oficiales. En 2017 hubo 674 homicidios, pero en 2023 ya se habían más que duplicado hasta 1.506 y en 2024 subieron a 2.057. Las denuncias por extorsiones en 2017 fueron 5.225, mientras en 2023 subieron a 22.396 y en 2024 alcanzaron 22.835 reportes.
El paro del transporte público provocó que el Ministerio de Educación ordene clases virtuales para los escolares de las escuelas públicas en Lima, una medida que fue imitada por los colegios privados, así como las universidades públicas y privadas de la capital. Los hospitales de la seguridad social también anunciaron que reprogramarán las citas pactadas para la jornada.
Martín Ojeda, uno de los dirigentes del transporte público, dijo a la prensa que el paro era cumplido por más de 20.000 unidades vehiculares del total de alrededor de 22.000 que circulan en la capital peruana.