GUATEMALA CITY – El juicio contra tres expatrulleros civiles, que son juzgados por violencia sexual contra seis mujeres indígenas mayas achíes durante la guerra en Guatemala, llega a su parte final.
El martes, en la décima audiencia del juicio que inició el 28 de enero, fiscales, víctimas y defensores terminaron de presentar las casi 100 pruebas, entre documentos y testimonios, contra los exparamilitares Pedro Sánchez, Simeón Enrique Gómez y Felix Tum, a quienes acusan del delito contra los deberes de humanidad.
Recommended Videos
Es el segundo juicio dentro después de una denuncia en 2011 por violencia sexual contra 36 mujeres. En el primer juicio, cinco expatrulleros fueron condenados a 30 años de prisión por violencia contra varias mujeres denunciantes.
Uno de los condenados fue Francisco Cuxum, deportado desde Boston, Estados Unidos, a donde había huido con acusaciones de crímenes de guerra.
Haydeé Valey, una de las abogadas de las víctimas, dijo a The Associated Press vía telefónica que los hechos denunciados ocurrieron entre los años 1981 y 1983, cuando los señalados habrían violentado a las mujeres en el marco del conflicto armado interno de 36 años que vivió el país (1960-1996).
Los patrulleros civiles fueron grupos de particulares, organizados por militares, para ejercer controles a la población durante el conflicto armado.
Los hechos ocurrieron en varias aldeas del municipio de Rabinal, en el departamento de Baja Verapaz, al norte de la capital guatemalteca.
“Siete de las 36 mujeres que denunciaron ya fallecieron”, explicó Valey y dijo que ellas no pudieron ver condenados a los responsables. “A los perpetradores de la violencia sexual se les está juzgando por ser autores materiales” explicó la abogada.
Valey contó que el caso se dividió en dos, porque una jueza, en una primera fase del proceso judicial cerró la causa a favor de los hoy señalados, pero que tras varios recursos legales lograron que fueran juzgados.
Durante la guerra en Guatemala, el Ejército utilizó y armó a patrulleros civiles para controlar comunidades. Tenían a su cargo puestos de registro, controles e información de las poblaciones. Durante ese período, según un informe de la memoria histórica, unas 200.000 personas murieron y otras 45.000 desaparecieron.