BUENOS AIRES – La expresidenta argentina Cristina Fernández pidió el lunes a la Corte Suprema que revoque la condena a seis años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que recibió en 2022 por administración fraudulenta, en lo que supone la última instancia de apelación a la que puede recurrir.
La exmandataria (2007-2015) y exvicepresidenta (2019-2023) también solicitó al máximo tribunal que aparte de su caso al juez Manuel García-Mansilla, designado por el ultraderechista presidente Javier Milei en el máximo tribunal mediante un polémico decreto firmado a fines de febrero.
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Fernández fue condenada en 2022 por un tribunal federal que consideró que había cometido un fraude millonario al Estado mediante la asignación irregular de obras públicas en la provincia sureña de Santa Cruz a un empresario allegado durante su mandato presidencial.
El recurso de queja ante la Corte pidiendo la absolución y la petición referida al juez fueron difundidos por Fernández en su cuenta de X, antes Twitter. En ambos la titular del opositor Partido Justicialista (peronista) apuntó contra las “violaciones” a las garantías constitucionales cometidas durante el proceso y la “arbitrariedad" en la que incurrió la justicia al disponer su condena y luego ratificarla en una segunda instancia en 2024.
Posteriormente, Carlos Beraldi, abogado de la exmandataria, dijo que si la Corte rechaza revisar el recurso de queja la exmandataria continuará con los reclamos “ante órganos internacionales”.
El máximo tribunal no tiene plazos para definirse. Si rechaza analizar el recurso, la condena para la expresidenta de 72 años quedará firme.
Beraldi recalcó que la Corte Suprema debe tomar “la decisión que jurídicamente corresponde y eso es que la absuelvan o que reenvíen el caso para que se desarrolle un nuevo juicio conforme a todas las garantías".
En tanto, en sus señalamientos contra García-Mansilla para que no intervenga en la causa, la dirigente política afirmó que fue designado por Milei “por decreto violando la Constitución Nacional” y que eso vulneraría su independencia.
La exmandataria recordó los dichos de Milei en una entrevista de la semana pasada en la que el presidente la acusó de intentar desestabilizar a su gobierno y adujo que está nerviosa porque “va a ir presa”.
“Esto, además de importar una indebida e intolerable intromisión en asuntos judiciales...repercute en forma directa en la situación del juez nombrado en comisión quien ha sido emplazado en el cargo, como ya se dijo, por exclusiva voluntad de Javier Milei, quien reclama la condena a prisión de mi persona”, afirmó.
La exvicepresidenta considera que es víctima de una persecución judicial orquestada por opositores para sacarla del escenario político. El fallo condenatorio fue ratificado en noviembre de 2024 por una cámara federal.
El empresario de la construcción Lázaro Báez y ocho exfuncionarios del gobierno nacional y provincial también fueron sentenciados a cumplir distintas penas de cárcel. Báez ya había sido condenado previamente por enriquecimiento ilícito.
El fallo fue celebrado en su momento por Milei.
La dirigente peronista sostiene que en su carácter de presidenta no pudo haber cometido el delito de administración fraudulenta. Al respecto afirmó que el medio centenar de obras realizadas por la empresa de Báez e investigadas por la justicia fueron “aprobadas por el Parlamento en los presupuestos nacionales".
García-Mansilla — abogado y académico— y el juez federal Ariel Lijo fueron impulsados por Milei para ocupar las vacantes que dejaron en el máximo tribunal de cinco miembros dos de ellos luego de jubilarse. Pero el oficialismo no logró conseguir los votos necesarios en el Senado para su designación, por lo que el Ejecutivo los designó por decreto.
No obstante, Lijo no asumió formalmente aún en el máximo tribunal porque este último no le concedió la licencia extraordinaria que solicitó como titular de un juzgado federal.
El futuro de ambos en la Corte Suprema es muy incierto. Durante esta semana el Senado pretende evaluar su designación por Milei “en comisión” hasta fines de año y es probable que sean rechazados por los votos del peronismo, la fuerza con mayor peso político en la cámara alta.