LIMA – El Congreso peruano votó el viernes para censurar al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, lo que por ley implica que el funcionario tendría que renunciar en las próximas 72 horas. La decisión obedece al mal manejo que, según los legisladores, Santiváñez dio a la reciente ola delincuencial que azota al país.
Con 78 votos a favor, 11 en contra y 20 abstenciones, los congresistas encontraron un modo de mostrar su descontento con el gobierno de la presidenta Dina Boluarte, luego que el 16 de marzo un cantante de cumbia fuera asesinado cuando desconocidos en motocicletas dispararon al bus en el que se trasladaba.
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Tanto el Congreso como el gobierno reaccionaron ante el asesinato. Varios legisladores presentaron tres pedidos de censura contra Santiváñez, mientras el gobierno ordenó un estado de emergencia por 30 días. El régimen de excepción comenzó el 18 de marzo en Lima, se tradujo en la incursión de militares en las calles y el recorte de varios derechos constitucionales.
Las extorsiones se han extendido por todo Perú, incluida la capital, donde se producen asesinatos frecuentes, sobre todo en la periferia donde vive la mayoría de la población pero hay menos presencia de policías y guardias privados.
Negocios de todo tipo, incluidos los colegios privados así como domicilios en Lima sufren explosiones de dinamita o granadas lanzadas por los delincuentes. Entre septiembre y febrero se han producido varias protestas de negociantes afectados por las extorsiones, entre ellos los transportistas y barberos.
La legisladora opositora Susel Paredes, del partido Primero La Gente, dijo que el próximo ministro tiene que ser alguien que no tenga investigaciones fiscales como Santiváñez, indagado por los presuntos delitos de abuso de autoridad y tráfico de influencias.
Tiene que ser alguien “que conozca de inteligencia, para neutralizar los delitos antes que se cometan y no solamente vaya a contar los muertos”, señaló.
La muerte del cantante de cumbia Paul Flores impulsó el viernes una nueva marcha para protestar contra las extorsiones, la sexta desde septiembre. Más de mil caminaron por las calles de Lima junto a diversos artistas locales que cargaban un cartel con la frase “queremos vivir en paz… no queremos morir”.
La policía antimotines no permitió que los manifestantes ingresaran a la plaza San Martín, donde por décadas se han reunido quienes protestan. La víspera la presidenta dijo, sin mostrar pruebas, que la marcha habría sido convocada por un “sector que había perdido el poder” y pidió no cometer actos vandálicos.
José Quiroga, guitarrista de un grupo de cumbia llamado Agua Marina, dijo que en sus más de 40 años de artista jamás había pasado una situación similar de violencia.
“Estamos compartiendo la desazón popular”, aseguró. “Todos salimos con miedo, los músicos, los bodegueros, muchos emprendedores se están retirando de sus emprendimientos, se está acabando con la economía por el miedo”.
La presidenta señaló el viernes que aceptaba la censura contra el ministro Santiváñez, quien según ella puso "alma vida y corazón para afrontar la lucha contra la inseguridad ciudadana”. Añadió que los próximos 30 días, mientras dure la emergencia en Lima, informaría sobre los operativos policiales contra el crimen.
Las cifras de asesinatos y extorsiones en Perú se han disparado desde 2017, según datos oficiales. En ese año los homicidios sumaron 674 y en 2024 llegaron a 2.057. En tanto, las denuncias por extorsiones en 2017 fueron de 5.225, mientras en 2024 alcanzaron 22.835.