LIMA – La capital de Perú inició el martes un estado de emergencia por 30 días con mínima presencia de militares y policías en las calles. La medida se da debido a una ola delincuencial que ha impulsado los asesinatos y extorsiones en medio de una crisis política donde algunos legisladores exigen la renuncia del ministro del Interior.
“No existe Estado, estamos abandonados a nuestra suerte”, dijo a The Associated Press Pedro Quispe, de 48 años de edad, antes de subir temprano a un bus que lo iba a llevar desde la periferia norte de la ciudad hasta un taller de costura cerca del centro de Lima donde, dijo, “la delincuencia es pan de cada día”.
Recommended Videos
“Subes a un bus y pueden dispararte, bajas de un bus y te pueden robar, trabajas y te pueden extorsionar y matar”, señaló.
La víspera el conductor de un bus fue asesinado a tiros frente a los pasajeros. También fueron ejecutados a tiros un reciclador, una mujer que trabajaba en un paradero de minibuses, un hombre que barría fuera de su casa y otro que conducía su auto. Todos en la periferia de Lima, según reportes de las autoridades.
El gobierno decretó la víspera una emergencia que recortó derechos constitucionales en la capital. Las fuerzas de seguridad pueden ingresar a cualquier casa y detener a los ciudadanos dentro o fuera de sus domicilios sin orden judicial. Los peruanos tampoco pueden reunirse o transitar de forma libre.
La reacción del gobierno llegó luego que el lunes se presentaron tres pedidos para censurar al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, por no tener “planes estratégicos” para combatir la criminalidad. La respuesta del gobierno y el Parlamento fue gatillada por el asesinato el domingo de Paul Flores, cantante del popular grupo de cumbia local Armonía 10, un género musical preferido por millones de peruanos.
El martes, ciudadanos en las calles, así como alcaldes de zonas de Lima golpeadas por la delincuencia y expertos expresaron dudas sobre la efectividad del régimen excepcional.
“Hay más policías y militares en los días en que la gente ha protestado, pero hoy mire usted, no hay nadie, todo vacío, solo Dios nos protege”, indicó Jeny Ramírez, quien esperaba un bus por la mañana para ir a un hospital.
Ramírez recordó que en las cinco manifestaciones ciudadanas previas desde septiembre, impulsadas por transportistas y barberos quienes protestaron contra las extorsiones y la ineficiencia de las autoridades, hubo considerable presencia de policías y militares en las calles desde la madrugada.
Jesús Maldonado, alcalde de San Juan de Lurigancho —el distrito más populoso de Lima—, dijo a la prensa local que "las extorsiones y el sicariato no se solucionan con policías en las calles, sino con policías de investigaciones, pero esta policía especializada está quebrada y no se puede hacer nada”.
Rubén Vargas, exministro del Interior y estudioso del crimen, señaló a la AP que desde hace más de una década los estados de emergencia se han usado como si fueran “una varita mágica” frente al desborde de la criminalidad y "nunca han tenido resultados significativos”.
Jorge Zapata, presidente de la poderosa Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas, indicó a la radio local RPP que los pequeños comerciantes en Lima pierden más de 137.000 dólares diarios por la delincuencia, citando un estudio de la consultora Videnza, realizado tras entrevistar a 1.442 negocios capitalinos a fines de 2024.
Los asesinatos aumentaron desde 2017. Ese año hubo 674 homicidios, pero en 2023 ya se habían más que duplicado llegando a 1.506 y en 2024 se habían triplicado a 2.057. La violencia no se ha detenido porque entre el 1 de enero y 15 de marzo se han registado 459 asesinatos, 59 más que en el mismo periodo de tiempo de 2024, según datos del Sistema de Información de Defunciones.
Las extorsiones también subieron. En 2017 las denuncias fueron de 5.225, pero en 2023 se cuadruplicaron hasta 22.396 y en 2024 subieron a 22.835 denuncias, según datos del Ministerio Público.
El exministro Vargas recordó que muchas zonas de la periferia de Lima tienen territorios controlados por estructuras criminales locales y franquicias transnacionales. "El concepto de autoridad se quebró”, dijo.
Consideró que Perú está en la “antesala” del nivel de criminalidad que vive Ecuador, debido a que según él existe debilidad gubernamental, parlamentaria, así como precariedad en la policía y las autoridades carcelarias.