LIMA – La justicia de Perú inició el martes un juicio oral contra el expresidente Pedro Castillo por el delito de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública. La fiscalía pide 34 años de cárcel contra Castillo en un caso sin precedentes por este delito contra un exjefe del Estado peruano.
El Ministerio Público acusó a Castillo por su intento de disolución del Parlamento el 7 de diciembre de 2022 para evitar una votación que buscaba su remoción por su “permanente incapacidad moral”. Castillo no logró su objetivo porque el Congreso lo destituyó, fue enviado a la cárcel y su entonces vicepresidenta Dina Boluarte asumió el poder. Hubo tres meses de protestas en los Andes y 50 civiles fallecidos.
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El expresidente ingresó al tribunal media hora tarde vigilado por un guardia carcelario. Llegó sin abogado, vestía una camisa blanca y no tenía corbata. Los jueces le designaron a un abogado gratuito.
Antes de ser destituido, Castillo sobrevivió a otros dos intentos previos de remoción. Apenas estuvo 16 meses en el gobierno y modificó cinco veces su gabinete con más de 60 cambios de secretarios, lo que provocó una parálisis interna. Castillo era el quinto presidente que tenía Perú en seis años.
Desde su salida, Boluarte quedó en la Presidencia, quien ha cumplido ya dos años y algo más de tres meses de mandato. Habrá elecciones en 2026.
Castillo calificó el juicio oral de “pantomima”. En un comunicado en sus redes sociales, el expresidente dijo que se negaba al proceso porque una de las tres juezas del tribunal, Norma Carbajal, había adelantado opinión sobre su caso al señalar que el alzamiento en armas “no requiere violencia física” y por eso él había solicitado su cambio.
“Jamás he cometido el delito de rebelión... Lo único que hice es trasladar el deseo del pueblo a través...de un discurso político”, dijo el expresidente.
El profesor rural que llegó al poder en 2021 también enfrenta otra investigación en la fiscalía por actos de presunta corrupción durante su gobierno que incluyen ascensos irregulares dentro del escalafón militar y la designación de un consorcio para construir un puente, sin respetar las bases de un concurso.
La audiencia del martes se realiza en un tribunal construido dentro de una base policial. También hay una cárcel para expresidentes, donde Castillo está en prisión preventiva desde el mismo día en que intentó disolver el Congreso para gobernar por decreto.
Nada de eso se cumplió porque el Congreso lo destituyó y quedó sin el apoyo de las fuerzas de seguridad. Sus ministros renunciaron poco después. Luego Castillo salió del palacio presidencial en un auto junto a su esposa y dos hijos. Fue detenido en el camino, pero su familia pudo proseguir y obtuvo asilo en la embajada de México, que mantiene relaciones bilaterales con Perú a nivel de encargado de negocios.
La Sala Penal de la Corte Suprema juzgará por rebelión también a la ex primera ministra Betssy Chávez, al exasesor Aníbal Torres y al exministro del Interior Willy Huerta. La fiscalía solicita 25 años de cárcel para Chávez y Huerta. Para Torres, de 82 años, la fiscalía pide 15 años de cárcel.
Pese a que la fiscalía indicó durante la sesión que Castillo, Chávez y Aníbal Torres elaboraron el mensaje que el expresidente leyó para decretar el golpe, Castillo replicó que el único responsable era él. “Soy el único responsable de lo hecho y dicho en aquel discurso”, dijo el exmandatario.
En las afueras de la base policial, un pequeño grupo de simpatizantes del expresidente pedían justicia. Un letrero cargado por dos hombres decía “alto a la persecución, manipulación y secuestro judicial contra Pedro Castillo”.
El presidente de Colombia Gustavo Petro dijo en su cuenta de X, antes Twitter, que el juicio a Castillo ocurría porque era “pobre y de izquierda” y lo calificó como “un insulto” a la Convención americana de Derechos Humanos y a la democracia. "La voluntad popular que lo eligió presidente fue simplemente burlada”, indicó.
Las declaraciones ocurren luego que los vicecancilleres de Perú y Colombia se reunieran en febrero en un esfuerzo para mejorar las relaciones resentidas a nivel de encargado de negocios después que en 2023, ya durante el mandato de Boluarte, el colombiano respaldara a Castillo y reprochara que no acudió a la XXVIII Cumbre Iberoamericana porque “lo sacaron” del cargo.