MEXICO CITY – Por décadas Estados Unidos había reclamado la entrega del histórico capo Rafael Caro Quintero para procesarlo por varios cargos, entre ellos orquestar la muerte de un agente federal. Con una solicitud de la administración de Donald Trump su traslado se resolvió en horas.
En una operación sin precedentes en la que participaron 3.512 elementos de las fuerzas de seguridad y militares y se emplearon 342 vehículos y 20 aeronaves, Caro Quintero, de 72 años, fue enviado el jueves a Estados Unidos junto con otros 28 reclusos mexicanos reclamados por la justicia estadounidense por delitos relacionados con el narcotráfico.
Recommended Videos
Las autoridades estadounidenses exigían al “Narco de Narcos” para que responda por los delitos de tráfico de drogas y por orquestar el asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena en 1985. El viernes ya compareció ante un tribunal de Nueva York en donde se declaró inocente.
Al ser preguntado sobre cómo se acordó el traslado de los 29 narcotraficantes, el fiscal general mexicano, Alejandro Gertz Manero, dijo en conferencia de prensa que Estados Unidos hizo una “solicitud concreta por escrito” al gobierno y aseguró que “no habían pasado horas” cuando se convocó al Consejo Nacional de Seguridad y éste, de manera colegiada, aprobó los traslados con base en la ley de Seguridad y la Constitución. “Fue un asunto inmediato”, agregó.
Pese a la insistencia de los periodistas, Gertz Manero no aclaró por qué si por años Estados Unidos había reclamado la entrega de Caro Quintero, ahora la petición se concretó rápidamente.
Al abundar sobre el proceso de traslado, el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, hizo una revelación: “Existía un riesgo de que algunos de estos objetivos solicitados por el gobierno de Estados Unidos fueran liberados o siguieran atrasándose sus procesos de extradición, derivado de acuerdo con algunos jueces que buscaban favorecerlos”.
El alto funcionario no ofreció detalles de los jueces que estarían favoreciendo a los capos y sólo reconoció que el gobierno mexicano aprobó los envíos porque representaban una “amenaza a la seguridad de nuestro país y de Estados Unidos”.
Caro Quintero era un líder criminal sinaloense que nació en Badiraguato —el mismo municipio que Joaquín “El Chapo” Guzmán—, y fue uno de los fundadores del cártel de Guadalajara a finales de la década de 1970. Posteriormente fue líder histórico del cártel de Sinaloa junto a “El Chapo”, que en la actualidad cumple cadena perpetua en Estados Unidos, y junto a Ismael “El Mayo” Zambada, quien fue detenido el año pasado en Texas.
El histórico capo, que fue condenado en México a 40 años de prisión por el asesinato y secuestro de Camarena, quedó libre en 2013 tras 28 años en la cárcel por decisión de un tribunal que anuló su condena. Caro Quintero desapareció de la escena pública tras salir de prisión y según las autoridades estadounidenses tanto él como su familia seguían involucrados en el tráfico de drogas.
En julio del 2022, la vida de anonimato del capo llegó a su fin cuando en una operación especial de la Armada mexicana fue localizado y detenido detrás de unos matorrales por una perra llamada “Max” en un municipio de su estado natal de Sinaloa.
Además de Caro Quintero, las autoridades mexicanas también trasladaron el jueves a Estados Unidos a otros importantes capos como los exlíderes de la sanguinaria agrupación de Los Zetas, los hermanos Miguel y Omar Treviño Morales.
También a Vicente Carrillo Fuentes, “El Viceroy”, un exlíder del Cártel de Juárez que opera en la fronteriza Ciudad Juárez y es hermano del capo narcotraficante Amado Carrillo Fuentes, quien era conocido como “El señor de los cielos” y que murió por mala práctica médica en una operación de cirugía plástica en 1997. Asimismo fue expulsado Antonio Oseguera Cervantes, hermano del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.
Según se conoció desde Estados Unidos, algunos de los narcos, entre ellos Caro Quintero, podrían enfrentar pena de muerte. Al respecto, Gertz Manero recordó que la legislación mexicana no tiene esa sanción y sostuvo que esa condición “debe ser respetada en los países donde nosotros tenemos un convenio”.
Los traslados masivos coincidieron con las reuniones que sostuvieron el jueves en Washington altos funcionarios mexicanos con sus pares estadounidenses para avanzar los acuerdos comerciales y de seguridad.
Para el gobierno de Claudia Sheinbaum estos diálogos se han convertido en prioritarios puesto que el 4 de marzo vence el plazo que fijó Trump para imponer los aranceles generales de 25% a las importaciones mexicanas. El republicano pausó por un mes los gravámenes luego de que Sheinbaum decidiera enviar 10.000 elementos de la Guardia Nacional a la frontera norte.
A las preocupaciones de México también se sumó la decisión que tomó la semana pasada Washington de designar formalmente a seis carteles mexicanos como organizaciones terroristas.
El fiscal mexicano negó de plano que la amenaza de los aranceles fuera un condicionante que presionara para el envío de los 29 narcos e indicó que los traslados se dieron porque “nosotros cumplimos con lo que dice la Convención de Palermo. Hubo una solicitud fundada del gobierno de los Estados Unidos”.