BOGOTÁ – La situación de los derechos humanos en Colombia no ha mejorado lo suficiente para garantizar la protección de su población civil más vulnerable, aunque en 2024 se registraron disminuciones en las cifras de masacres, homicidios de defensores y desplazamientos, advirtió el lunes el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
“La percepción de la gente es que están bajo una situación de crítica seguridad... el Estado no es capaz, a pesar de todos sus esfuerzos, de garantizar la protección de sus derechos. Lo vimos en el Catatumbo en particular”, dijo a The Associated Press Juan Carlos Monge, representante encargado de la Oficina del Alto Comisionado en Colombia.
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Algunos indicadores que mejoraron en 2024 como la disminución del desplazamiento forzado en un 18% —con 51.623 personas en total— contrastan con la realidad del inicio de 2025 en Catatumbo, al noreste del país, donde se han desplazado ya más de 52.000 personas y al menos 60 han muerto, según cifras gubernamentales.
Las del Catatumbo, en la frontera con Venezuela, “son cifras muy alarmantes que dicen que, por muchos esfuerzos positivos que se han emprendido el año anterior, queda mucho para garantizar la protección de la población civil”, agregó Monge.
En la región del Catatumbo, así como ocurre en otras regiones del país, hay enfrentamientos por el control del territorio entre la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN) y una disidencia de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que no se acogieron al acuerdo de paz firmado en 2016 con el Estado.
El gobierno del presidente Gustavo Petro, el primero de tendencia de izquierda en gobernar, ha intentado diálogos simultáneos con grupos armados ilegales dentro de su política de “paz total”, pero varios de ellos han atravesado crisis y no se han sellado acuerdos.
“Naciones Unidas apoya los esfuerzos de paz. El diálogo es el camino y se deben agotar todas las vías”, señaló Monge, quien insistió en que cualquier proceso de diálogo debe tener como punto de partida y meta la protección de la población. “Esto no es necesariamente la realidad en muchos de los territorios que están siendo controlados de manera clara por estos grupos que ejercen una violencia desmesurada en contra de la población civil”, agregó.
El informe advierte que ha aumentado la percepción de que los grupos armados son responsables de impartir justicia en los territorios. Han recibido información que indica que en Norte de Santander —donde se ubica Catatumbo— un grupo armado ilegal estableció “centros de rehabilitación” para jóvenes consumidores de sustancias psicoactivas “en los que actúa impartiendo justicia en casos de delincuencia y violencia intrafamiliar”.
La violencia ejercida por los armados ha registrado cambios. El año pasado no primaron los actos más notorios como las masacres sino otros dirigidos al control social como los confinamientos.
La Oficina de la ONU recibió 89 alegaciones de masacres, de las cuales verificaron 72, lo que representa una disminución de 27% en 2024 con respecto al año anterior. Las masacres dejaron 252 víctimas, entre las cuales había 12 menores de edad.
Sin embargo, los confinamientos aumentaron un 58% con respecto de 2023, afectando a 138.419 personas, la mayoría pertenecientes a pueblos indígenas y afrodescendientes.
Para Monge la estrategia de los grupos armados ilegales parece estar encaminada a tener control social de la población una vez tienen la hegemonía en los territorios, por lo que no necesitan recurrir a acciones muy notorias —como ataques— sino a otras formas de control como el confinamiento.
También disminuyeron los homicidios de defensores de los derechos humanos en un 15% con respecto a 2023. La ONU Derechos Humanos recibió alegaciones de 191 casos, de los cuales verificó que en 89 existía un vínculo entre la muerte y la labor en la defensa de los derechos, mientras que en 33 verificó que era una persona defensora, pero no pudo determinar si su labor estaba conectada con el crimen. En los demás casos no encontró información concluyente.
El representante de la ONU Derechos Humanos en Colombia consideró que la disminución de homicidios puede indicar que algunas de las políticas que ha implementado el Estado para la protección de los defensores están dando resultados, sin embargo, la cifra sigue siendo “demasiado alta”, por lo que la defensa de los derechos humanos “es una actividad de alto riesgo” en Colombia.