QUITO – Al grito de “diálisis es vida, queremos vivir”, decenas de pacientes con afecciones renales en Ecuador protestaron el viernes de manera pacífica frente al palacio presidencial, en demanda de que el gobierno pague una millonaria deuda a las dializadoras que prestan servicios para el sector de salud pública y así puedan recibir la atención suspendida por deudas impagas.
La diálisis es una terapia de reemplazo renal, necesaria para los pacientes cuyos riñones ya no cumplen su función y requieren de las máquinas para limpiar su sangre.
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Efraín Velazco, vocero de una clínica de diálisis en una ciudad amazónica que presta el servicio tanto para el ministerio de Salud como para un hospital de la Seguridad Social, llegó a Quito para manifestarse. Aseguró que el gobierno adeuda, desde finales de 2023, cerca de 160 millones de dólares a las dializadoras.
Sólo en su caso, detalló a The Associated Press, la deuda supera los dos millones de dólares. La falta de recursos les ha obligado a hacer créditos, convenios de pagos con intereses con los proveedores de insumos y el mantenimiento de las máquinas, contó.
El ex ministro de Salud, Antonio Naranjo, quien salió de esa cartera una semana atrás, admitió previamente en declaraciones públicas que el 90% de pacientes renales reciben diálisis en clínicas complementarias de la red de atención pública, es decir, instituciones privadas que prestan su servicio al Estado y reciben un pago por éste.
En el país, según el Registro Ecuatoriano de Diálisis y Trasplantes, 19.073 pacientes renales están recibiendo en tratamiento de diálisis.
La noche del jueves, un día antes de la protesta, un comunicado de la Secretaría de Comunicación indicó que el gobierno ha pagado a las dializadoras cerca de cuatro millones de dólares, entre enero y febrero de 2025.
En febrero, agregó el reporte, se cumplió con 37 centros de prestación del servicio “asegurando la atención ininterrumpida para los pacientes que dependen de este tratamiento vital”.
Velazco refutó está versión. “El gobierno dice que ha pagado y es falso”, señaló. Aseguró que adeudan salarios a los trabajadores de la clínica desde hace meses y, aunque no es el caso de su centro, otros “han tenido que suspender” el servicio.
Velazco explicó que cada diálisis supera el costo de los 100 dólares, por lo que un paciente podría requerir 1.400 dólares mensuales por 14 sesiones.
“Ya voy 14 años en la diálisis y no queremos todavía morir, queremos vivir hasta cuando Dios nos dé la vida. Eso pedimos al gobierno que cumpla con su palabra”, dijo María Sambueza, paciente renal.
“Si no pagan a las dializadoras nos vamos a morir… Nosotros sólo pedimos vivir día a día, las máquinas son nuestra vida”, afirmó Gloria Bedoya, usuaria del servicio público.
La Constitución ecuatoriana garantiza el derecho a la salud y atención gratuita para pacientes con enfermedades catastróficas o de alta complejidad.