El gobierno del presidente paraguayo, Santiago Peña, dijo que es el “principal interesado” en esclarecer las denuncias sobre una serie de presuntas irregularidades que sacudieron el sistema judicial y político del país sudamericano tras la reciente filtración de unos mensajes que exponen una presunta red de tráfico de influencia, corrupción e incluso vínculos con el narcotráfico en el seno de las más altas instituciones.
El caso, sobre el cual Peña ha evitado pronunciarse públicamente, se refiere a una investigación abierta por la fiscalía tras la revelación de conversaciones entre el fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes, muerto durante una redada policial el pasado agosto, y diversos funcionarios, magistrados, legisladores y fiscales, en una trama que salpicó también a varios miembros del gabinete ministerial.
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“El presidente es el primero interesado en que esta investigación se realice como debe ser”, dijo en una rueda de prensa la representante del gobierno ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), Alicia Pucheta, en medio de una jornada clave tanto en el Parlamento como en el ámbito judicial que definirá los rumbos de las pesquisas.
La fiscalía abrió la semana pasada una investigación después de que el juez especializado en crimen Organizado, Osmar Legal, remitiera al organismo un informe detallando el contenido extraído del celular del diputado fallecido, que destapó una presunta trama de coimas, intercambio de favores y tráfico de influencias.
En el documento, el magistrado señala la existencia de indicios de corrupción pública y otros delitos al revelar presuntas conversaciones entre el legislador y varias autoridades, obtenidas durante la pericia de aparatos electrónicos de Gomes después de su muerte.
Entre los funcionarios que habrían mantenido conversaciones con el legislador figuran importantes nombres del gabinete de Peña, entre ellos el ministro de Inteligencia, Marco Alcaraz; la directora de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, Liliana Alcaraz, y el titular de la Secretaría Nacional Antidrogas, Jalil Rachid.
Ello llevó a que diversos parlamentarios instaran al mandatario a apartar a los funcionarios de sus cargos durante el curso de las investigaciones.
El miércoles, el vocero de la Presidencia, Guillermo Grance, rompió el silencio de Peña y dijo en una rueda de prensa que el mandatario está “al tanto” de los hechos y que “no le va a temblar la mano para tomar las medidas” pertinentes en caso de que se confirme cualquier irregularidad.
Aclaró además que los ministros mencionados en las investigaciones “van a dar sus versiones” ante la Justicia y “van a explicar con relación a los chats en los que se nombra”.
La difusión de los mensajes y consiguiente apertura de una causa judicial con múltiples aristas igualmente han alcanzado a parlamentarios, entre ellos el diputado Orlando Árevalo, miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y quien renunció a su escaño en el Parlamento, así como fiscales y al menos tres jueces, contra quienes la Corte Suprema paraguaya ordenó la apertura de un sumario administrativo en el marco de las investigaciones.
Entre los delitos investigados figuran corrupción púbica, pago de coimas, pedidos de favores, tráfico de influencias, blanqueamiento, lavado de dinero y vínculos con grupos de narcotráfico, entre otros, indicó el Ministerio Público.
El entonces parlamentario “Lalo” Gomes, diputado por el Partido Colorado —formación del expresidente Horacio Cartes (2013-2018)— fue abatido el pasado agosto durante un operativo policial de allanamiento en su residencia, en la ciudad de Pedro Juan Caballero, en el marco de una investigación por presuntos vínculos con una red de narcotraficantes de Brasil. Gomes también era investigado por presuntas irregularidades en sus cuentas declaradas al fisco.