MEXICO CITY – La sala de plenos del Senado mexicano parecía el jueves un salón de lotería. El premio para los participantes, los aspirantes a jueces, era estar en las boletas para la elección de cientos de juzgadores —-incluidos los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación— que tendrá lugar el 1 de junio.
Un notario revisó las esferas con los números que fueron asignados a cada aspirante, las urnas negras donde se introducirían las bolitas y el proceso comenzó. “Número 4, Irvin Luna Hernández”, dijo una senadora encargada del extraer al primer elegido.
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Esta lotería, de la que saldrán casi 70 nombres de entre más de 1.200, es parte del nuevo proceso de elección de jueces en México. Según la reforma constitucional aprobada en septiembre, ya no se hará mediante una valoración de méritos y experiencia sino por voto directo de la ciudadanía.
La reforma al Poder Judicial, promulgada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y avalada por la actual mandataria, Claudia Sheinbaum, reestructura por completo la judicatura y ha sido y sigue siendo duramente criticada, tanto en las calles como en los tribunales y por los propios trabajadores del sector.
Muchos críticos dentro y fuera del país consideran que politizará la justicia y que eso podría poner en riesgo un pilar básico del Estado de Derecho.
Sin embargo, las mayorías oficialistas en ambas cámaras parlamentarias están logrando sacarla adelante pese al rechazo de la oposición, las resoluciones judiciales que pedían su paralización, un cúmulo de denuncias cruzadas y un enorme y confuso operativo logístico que culminará con los votantes teniendo que decidir entre cientos de nombres desconocidos para elegir otros tantos cargos judiciales.
La complejidad del nuevo proceso y las prisas por cumplir con los plazos —-en febrero deberían estar aprobadas todas las candidaturas para que los aspirantes inicien sus campañas— han hecho que el oficialismo esté incumpliendo las reglas que se establecieron en la reforma a la Constitución, denunciaron el jueves una decena de organizaciones civiles agrupadas en el colectivo “La justicia que queremos”.
En un comunicado, arremetieron contra el sorteo que tuvo lugar en el Senado, pidieron respetar las leyes, acatar las resoluciones judiciales y que haya “transparencia total” del proceso de elección de jueces que, hasta ahora, aseguraron, se caracterizó por la opacidad, “la falta de certeza jurídica y el escaso rigor técnico".
Según la reforma, los aspirantes a jueces se inscribían en el proceso a través de un enlace de internet. Tres comités evaluadores, uno del Poder Ejecutivo, otro del Legislativo, y un tercero del Poder Judicial, debían revisar que cumplieran con los requisitos solicitados —que eran muy generales- y luego iniciar entrevistas para proponer a los mejores candidatos a cada cargo. Sólo después, si los seleccionados eran muchos, era cuando se haría el sorteo.
Sin embargo, el comité del Poder Judicial no inició el proceso de entrevistas porque había una resolución de un juez que se lo impedía. El tribunal electoral asumió entonces el tema y pidió al Senado que hiciera el sorteo directamente entre un millar de candidatos.
“Este mecanismo suple las funciones de una revisión minuciosa sobre la idoneidad de los perfiles y deja al azar un proceso que debería ser riguroso”, denunciaron otras dos organizaciones civiles, Fundar y Artículo19. “Este hecho confirma, una vez más, que el verdadero interés detrás de esta reforma no es la rigurosidad sino las prisas por capturar un poder del Estado”.
El presidente del Senado, el oficialista Gerardo Fernández Noroña, no descartó que el sorteo vaya a ser discutido en las cortes pero aseguró que “no hay poder humano... no hay recurso legal que pueda detener la elección a estas alturas”.
Todavía habrá que esperar para conocer el total de los nombres que estarán en las papeletas —porque además de los elegidos en el sorteo del jueves estarán los candidatos de los otros poderes que se decidirán en los próximos días— pero los expertos volvieron a lanzar alertas acerca de la politización del proceso.
“Hay una moda de no acatar decisiones judiciales”, denunció Laurence Patín, académica firmante del comunicado de las organizaciones sociales. Patín lamentó que se esté criticando que el comité evaluador del poder judicial haya respetado una resolución de una corte, que es lo que se debe hacer, y que en cambio se esté seleccionando a personas que pueden no ser las idóneas.
"Si decides qué respetas y qué no, es el fin del Estado de Derecho”, agregó.