MIAMI. – El abogado Wilfredo O. Allen expresó su preocupación por los migrantes que se verán atrapados en medio de la transición presidencial.
Allen, admitido en el Colegio de Abogados de Florida durante la presidencia de Ronald Reagan, ha representado a inmigrantes en Miami durante siete administraciones. Según él, el cambio de Joe Biden a Donald Trump está transformando vidas de manera drástica.
“Es la primera vez que estamos aprendiendo que personas que están legalmente en el país podrían enfrentar deportación”, dijo Allen, añadiendo que los cambios afectan a los 1.5 millones de migrantes que estaban protegidos bajo el programa de permiso humanitario.
“Ahora son considerados inmigrantes ilegales”, agregó Allen, señalando que bajo la administración Trump, son “presa fácil para ser detenidos, especialmente nicaragüenses y haitianos”.
Allen también advirtió que la cancelación del programa por parte de Trump invalida los permisos de trabajo de estos migrantes y, eventualmente, incluso sus licencias de conducir.
Juan Correa Villalonga, director ejecutivo de la Asociación Multicultural de Activistas Voz y Expresión (AMAVEX), una organización de defensa con sede en Doral, expresó su preocupación por el impacto en familiares que vinieron a los Estados Unidos bajo este programa.
Correa Villalonga relató la historia de su prima de 24 años de Venezuela, quien llegó a través del programa de permiso humanitario en 2023.
“Perdió a su padre por un asesinato antes de nacer; ella nació una semana después”, dijo Correa Villalonga. “Lo que este programa representaba para ella era la oportunidad de sentirse segura por primera vez en su vida”.
Ella solicitó el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), con la esperanza de que esto la proteja de una deportación precipitada.
“Solo espero que la manera en que se lleve a cabo esto considere que estas son personas, no ganado ni números en un papel”, dijo Correa Villalonga. “Son seres humanos que vinieron aquí buscando protección y seguridad”.
Allen estima que cientos de miles de migrantes no han ajustado su estatus ni solicitado asilo, lo que los hace vulnerables a la deportación.
La administración Trump declaró una emergencia nacional debido a una “invasión” de migrantes, suspendió un programa para refugiados, permitió la aplicación de leyes migratorias en escuelas e iglesias y ahora otorga a agentes federales de bajo nivel el poder de tomar decisiones de deportación.
Los poderes de expulsión expedita se remontan a una ley de 1996 que aplicaba a migrantes arrestados dentro de las dos semanas posteriores a su ingreso a los Estados Unidos o a menos de 100 millas de la frontera.
El nuevo aviso advierte que el migrante “tiene la carga afirmativa de demostrar, a satisfacción de un oficial de inmigración,” por qué no debería ser detenido y deportado.
Stephen Miller, subjefe de personal de la Casa Blanca para políticas, advirtió que los agentes federales estaban utilizando una amplia gama de herramientas “para remover” a los migrantes.