SANTIAGO – El fiscal nacional chileno Ángel Valencia informó el jueves que testigos han atribuido a autoridades venezolanas, y uno de ellos ha señalado en particular al poderoso ministro del Interior Diosdado Cabello, estar detrás del asesinato en 2024 del exmilitar y disidente venezolano Ronald Ojeda, en un caso que ha provocado roces diplomáticos entre Chile y Venezuela.
Mientras, la ministra de Interior de Chile, Carolina Tohá, adelantó que si se comprueban las sospechas, Chile recurrirá al Tribunal Penal Internacional para buscar que se apliquen los castigos correspondientes a los involucrados.
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En una entrevista con la local Tele13 Radio, Valencia informó que son tres los testigos que han atribuido a autoridades del gobierno venezolano el encargo del secuestro y posterior asesinato del disidente venezolano.
“Y al menos uno, que está con identidad reservada, manifestaría que el encargo había venido del señor Diosdado Cabello”, dijo.
Disidente del gobierno de Nicolás Maduro y asilado político en Chile, Ojeda fue secuestrado el 21 de febrero de 2024 en su casa en Santiago y sus restos fueron hallados 10 días después en una localidad periférica de la capital, sepultados debajo de un bloque de cemento.
Desde entonces las autoridades de Chile han establecido que el crimen fue perpetrado por la banda delictiva Tren de Aragua, a la que el nuevo presidente estadounidense Donald Trump busca designar como organización terrorista. Asimismo, han sostenido que el crimen tuvo razones políticas y habría sido orquestado desde Venezuela por el gobierno de Maduro, pero hasta ahora habían evitado dar nombres concretos.
The Associated Press solicitó un comentarios al gobierno venezolano pero no hubo nadie inmediatamente disponible para responder.
Las declaraciones de Valencia se producen un día después de un gran operativo en diversas zonas de la región metropolitana de Santiago que terminó con la desarticulación de la facción “Piratas de Aragua” —considerado por las autoridades un brazo del Tren de Aragua— y una decena de detenidos, de los cuales algunos estarían directamente vinculados con el homicidio de Ojeda.
"Hay antecedentes muy sólidos en la carpeta de investigación para entender que este es un secuestro con homicidio por encargo" y “con motivaciones políticas”, agregó Valencia.
En la conversación radial, el fiscal nacional adelantó además que el próximo lunes se llevará a cabo la acusación formal de 16 personas acusadas de tener "distinta intervención" en el asesinato del exmilitar venezolano y explicó que los detalles de cada acusación se darán a conocer ese mismo día por la fiscalía.
La ministra Tohá,respaldó las declaraciones de Valencia e indicó que “hay antecedentes sustantivos" que indican "un vínculo entre el horrendo homicidio del exteniente Ojeda e instrucciones o mandatos hechos desde autoridades de Venezuela”. Resaltó, sin embargo, que se trata de datos “preliminares”.
“Son antecedentes preliminares porque la investigación está todavía en curso, pero los tomamos con toda su gravedad porque son relevantes y reiterados. Si la investigación los confirma, el Estado de Chile no lo dejará pasar”, expresó Tohá en su cuenta de X, antes Twitter.
Agregó que de ratificarse las sospechas "habrá muchas definiciones que tomar, pero una de las cosas que tenemos claro es que recurriremos al Tribunal Penal Internacional. Otras decisiones habrá que ponderarlas en su momento”.
La investigación del caso Ojeda sigue en curso y, además de las diligencias realizadas la víspera, las autoridades informaron que en las últimas horas también se llevaron a cabo allanamientos dentro de distintas cárceles.
El operativo del miércoles supuso un duro golpe a la organización criminal y se produjo el mismo día que se dio a conocer la captura del líder de los Piratas de Aragua —alias “El Turco”— en Estado Unidos.
El caso Ojeda ha provocado tensiones políticas y diplomáticas entre Chile y Venezuela, cuya escalada culminó en la expulsión de todo el personal diplomático chileno del territorio venezolano.
Nacido en las prisiones venezolanas, el Tren de Aragua ha extendido sus tentáculos por Colombia, Perú, Bolivia y Chile, entre otros países, y sus miembros están acusados de cometer numerosos delitos, como narcotráfico, extorsión, secuestros y homicidios.
Su expansión ha generado preocupación entre los mandatarios de la región e incluso se convirtió en una de las prioridades del recién investido presidente estadounidense, quien en su primer día en el cargo, el pasado lunes, firmó una orden ejecutiva para designar en un plazo de 14 días al Tren de Aragua, así como a varios cárteles mexicanos y a la pandilla MS-13 de El Salvador, como organizaciones terroristas extranjeras junto con Hamas, Al Qaeda y otros grupos de Oriente Medio a los que se culpa de decenas de ataques terroristas.