WASHINGTON – El Departamento de Justicia estadounidense ordenó a fiscales federales que investiguen a todo funcionario local o estatal que obstruya la aplicación intensificada de leyes migratorias bajo la administración del presidente Donald Trump, según un memorando enviado a todo el personal y obtenido por The Associated Press el miércoles.
En el memorando, escrito por Emil Bove, el subsecretario de Justicia en funciones, también se instruye a la división civil del departamento a ayudar a identificar leyes y políticas estatales y locales que “amenacen con impedir” las iniciativas de inmigración del gobierno de Trump y que puedan objetarlas en los tribunales.
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Los fiscales deberán “tomar todas las medidas necesarias para proteger al público y asegurar la frontera estadounidense mediante la eliminación de extranjeros ilegales del país y el procesamiento de extranjeros ilegales por delitos” cometidos en la jurisdicción de Estados Unidos, se lee en el memorando. En él se instruye a los fiscales a investigar cualquier posible caso de acusaciones penales en el que funcionarios estatales y locales obstruyan o impidan las funciones federales.
“La ley federal prohíbe que actores estatales y locales se resistan, obstruyan y dejen de cumplir con los mandatos y solicitudes legales relacionados con la inmigración”, se lee en el memorando. “Las Fiscalías de Estados Unidos y los componentes litigantes del Departamento de Justicia deberán investigar incidentes relacionados con cualquier tipo de mala conducta para un posible proceso penal”.
En el memorando de tres páginas se señala un cambio inmediato y drástico en las prioridades de la agencia, diciéndoles a los fiscales inequívocamente que estarán en la primera línea de un esfuerzo de todo el gobierno para combatir la inmigración ilegal y el crimen fronterizo, y que deben llevar a cabo la visión política de la Casa Blanca republicana del presidente Donald Trump en lo que respecta a crímenes violentos, la amenaza de pandillas transnacionales y el tráfico de drogas.
“De hecho, es responsabilidad del Departamento de Justicia defender la Constitución y, en consecuencia, ejecutar legalmente las políticas para cuya implementación el pueblo estadounidense eligió al presidente Trump”, escribió Bove en el memorando obtenido por la AP.
“La responsabilidad del Departamento de Justicia, que cada uno de sus empleados asume con orgullo, incluye la aplicación agresiva de las leyes promulgadas por el Congreso, así como la defensa vigorosa de las acciones del presidente en nombre de Estados Unidos frente a objeciones legales”, agregó Bove. “El personal del Departamento debe unirse en los cargos que los contribuyentes han financiado para realizar este importante trabajo”.
En el memorando también se indica que el departamento retomará el principio de acusar a un procesado con el cargo más severo que pueda demostrar, una posición común de departamentos dirigidos por republicanos y que tiene la intención de despojar a los fiscales de la opción de acusar a un individuo con un cargo menor.
“Los cargos más graves son aquellos punibles con la muerte donde sea aplicable, y delitos con las sentencias mínimas obligatorias más significativas”, escribió Bove.
Es común que los Departamentos de Justicia cambien las prioridades de aplicación bajo una nueva administración presidencial en cumplimiento con las ambiciones políticas de la Casa Blanca. El memorando refleja el constante tira y afloja entre administraciones demócratas y republicanas sobre cómo aplicar mejor los recursos a lo que los funcionarios consideran la amenaza más urgente del momento.
Por ejemplo, el edicto para acusar del delito más fácilmente demostrable es consistente con directivas de fiscales generales republicanos anteriores, como John Ashcroft y Jeff Sessions, mientras que fiscales generales demócratas, como Eric Holder y Merrick Garland, han reemplazado la política y en su lugar han fomentado la discreción fiscal.