MIAMI – Unos 600.000 venezolanos y más de 230.000 salvadoreños que ya viven en Estados Unidos pueden permanecer legalmente otros 18 meses, informó el viernes el Departamento de Seguridad Nacional, apenas una semana antes que el presidente electo Donald Trump asuma el cargo con promesas de políticas de inmigración estrictas.
El gobierno de Biden ha apoyado firmemente el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), que ha ampliado drásticamente hasta casi 1 millón de personas. El TPS enfrenta un futuro incierto bajo Trump, quien intentó reducir severamente su uso durante su primer mandato. Las regulaciones federales permitirían terminar las extensiones anticipadamente, aunque eso nunca se ha hecho antes.
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El departamento también extendió el TPS para más de 103.000 ucranianos y 1.900 sudaneses que ya viven en Estados Unidos
Para José Palma, un salvadoreño de 48 años que vive en Estados Unidos desde 1998, la extensión significa que al menos por ahora aún puede trabajar legalmente en Houston. Él es el único en su familia con estatus temporal; sus cuatro hijos nacieron ciudadanos estadounidenses y su esposa es residente permanente. Si el TPS no se extendiera, podría ser deportado y separado del resto de la familia.
“Es una tranquilidad, un respiro. Son 18 meses más de protección”, dijo Palma. “Es una estabilidad”.
Palma, quien trabaja como organizador en una organización de jornaleros, envía unos 400 dólares al mes a su madre de 73 años, quien está jubilada y no tiene ningún ingreso.
La designación del TPS otorga a las personas la autoridad legal para estar en el país, pero no les proporciona la ciudadanía en el largo plazo. Dependen de que el gobierno renueve su estatus cuando expira. Críticos conservadores han dicho que con el tiempo, la renovación del estatus de protección se vuelve automática, independientemente de lo que esté sucediendo en el país de origen de la persona.
El anuncio del viernes, que se produjo al tiempo que el presidente venezolano Nicolás Maduro asumía un tercer mandato de seis años en Caracas en medio de una amplia condena internacional, se basa en “la grave emergencia humanitaria que el país sigue enfrentando debido a las crisis políticas y económicas bajo el régimen de Maduro”, señaló el departamento.
El Departamento de Seguridad Nacional citó “condiciones ambientales en El Salvador que impiden que las personas regresen”, específicamente fuertes lluvias y tormentas en los últimos dos años.
El Congreso creó el TPS en 1990 para evitar deportaciones a países que sufrían desastres naturales o conflictos civiles, otorgando a las personas autorización para trabajar en incrementos de hasta 18 meses a la vez.
Alrededor de 1 millón de inmigrantes de 17 países están protegidos por el TPS, incluyendo personas de Venezuela, Haití, Honduras, Nicaragua, Afganistán, Sudán, Ucrania y Líbano. Los venezolanos son uno de los mayores beneficiarios y su extensión va desde abril de 2025 hasta el 2 de octubre de 2026.
Los salvadoreños ganaron el TPS en 2001 después de los sismos que sacudieron al país centroamericano. El TPS para los salvadoreños iba a expirar en marzo y se extendió hasta el 9 de septiembre de 2026.
Trump y su compañero de fórmula, JD Vance, sugirieron que reducirán el uso del TPS y las políticas que otorgan estatus temporal mientras persiguen deportaciones masivas. Durante su primera administración, Trump puso fin al TPS para El Salvador, pero fue demorado en los tribunales.
En los últimos meses, los defensores han aumentado la presión sobre la administración Biden para solicitar extensiones de TPS para aquellos que ya lo tienen, y para proteger a personas de otros países, como Guatemala y Ecuador.
“Esta extensión del TPS es solo una pequeña victoria en una lucha mucho más grande”, dijo Felipe Arnoldo Díaz, un activista de la Alianza Nacional TPS. “La preocupación más grande es que después de El Salvador se vence el TPS de Venezuela, Nepal, Sudán, Nicaragua, Honduras, que están quedando afuera”.
El dinero que los salvadoreños envían a casa es un apoyo económico importante para el país centroamericano, lo que podría complicar los esfuerzos para terminar el TPS para un aliado de Estados Unidos. Trump ha mantenido relaciones cordiales con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien colaboró estrechamente con él para prevenir la inmigración ilegal a Estados Unidos. Las remesas estadounidenses ascienden a unos 7.500 millones de dólares al año.
Bukele es inmensamente popular, en gran parte debido a que su mano dura en seguridad ha diezmado las pandillas callejeras del país.
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Los periodistas de The Associated Press Marcos Alemán en San Salvador, y Rebecca Santana, en Washington, contribuyeron a este despacho.