La ola de violencia que vive Ecuador ha dejado alrededor de 80.000 desplazados, quienes necesitan del reconocimiento y la ayuda humanitaria tanto del gobierno ecuatoriano como de la comunidad internacional, aseguró el Consejo Noruego para Refugiados el jueves.
Giovanni Rizzo, director de la oficina del Consejo Noruego para Refugiados (NRC por sus iniciales en inglés) en Ecuador, señaló a través de un comunicado que el desplazamiento interno causado por la delincuencia organizada “sigue siendo un hecho” en el país y precisó que aquellas personas que se han visto obligadas a abandonar sus hogares requieren de un apoyo urgente "para reconstruir sus vidas”.
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El pronunciamiento coincide con el primer aniversario de la declaratoria de conflicto armado interno que emitió el presidente, Daniel Noboa, con el fin de hacer frente a una escalada de violencia en todo el país. Esta decisión facilita la acción conjunta de fuerzas policiales y militares en las calles, y particularmente en las prisiones de la nación sudamericana, las cuales se encuentran bajo el control de grupos delictivos relacionados con cárteles del narcotráfico de Colombia y México.
Noboa emitió el decreto después de que un grupo armado irrumpió en una estación de televisión durante una emisión en vivo en enero de 2024. Días antes, el gobierno se había percatado que el capo del narcotráfico Adolfo Macías, alias Fito, había escapado de una prisión estatal en Guayaquil.
De acuerdo con el NRC, los “grupos delictivos están presentes en provincias como Esmeraldas, Manabí, El Oro y Guayas” donde los asesinatos y extorsiones generan “un clima de miedo” que afecta a todo tipo de negocios, muchos de los cuales se han visto obligados a cerrar.
El organismo también indicó que en estos lugares los menores “corren el riesgo de ser reclutados por grupos delictivos", mientras que las mujeres están en peligro de sufrir de intimidación y violencia sexual, por lo que las familias no tienen otra opción que abandonar sus hogares.
Con base en documentos de 3iSolution, un órgano dedicado al estudio de los desplazamientos forzados en todo el país, el NRC aseguró que hasta octubre de 2024 había más de 80.000 personas que "vivían en situación de desplazamiento interno como consecuencia de la violencia” en Ecuador.
Esas personas “”no huyen por elección, se ven obligadas a dejarlo todo porque no tienen otra opción", puntualizó.
Las personas obligadas a huir de sus hogares en este país “necesitan acceso a protección frente a la violencia, alimentos, educación y oportunidades para reconstruir sus vidas”, manifestó Rizzo, en su comunicado, y alentó a un trabajo coordinado entre el gobierno y la comunidad internacional “para garantizar una respuesta adecuada y oportuna para todas las víctimas de la violencia”.
De acuerdo con la policía, las bandas criminales libran una disputa territorial en todo el país por las rutas para la exportación y distribución interna de droga, batalla que durante 2023 dejó un saldo de 47 homicidios por cada 100.000 habitantes, según la organización Insight Crime, una cifra casi seis veces mayor en comparación con 2018.