LIMA – La posible comisión de una infracción constitucional por parte de la presidenta Dina Boluarte desató la polémica en Perú después de que el exprimer ministro Alberto Otárola asegurara el martes ante el Parlamento que Boluarte se sometió a una operación de nariz en 2023. La mandataria no habría informado de la cirugía al Legislativo, incumpliendo con la Constitución.
Otarola dijo hoy a una comisión del Parlamento que, mientras Boluarte desempeñaba el cargo en 2023, se realizó una rinoplastia y luego de una semana y media se reincorporó de forma presencial a sus labores, aunque previamente trabajó de forma virtual. Dijo no recordar la fecha de la cirugía.
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Es la primera vez que un exfuncionario admite la intervención a la que se habría sometido Boluarte luego que el semanario “Hildebrant en sus trece” informó hace siete meses que la presidenta se realizó la operación a fines de junio del año pasado y se reincorporó a sus funciones en julio de 2023.
Heber Campos, profesor en derecho constitucional en la Pontificia Universidad Católica de Perú, dijo en su cuenta de X, antes Twitter, que el suceso es “grave” porque confirma que Boluarte se sometió a una cirugía "y que eso no fue comunicado oficialmente, como correspondía, ni al Congreso ni al país".
Explicó que la mandataria tenía el deber de avisar al Parlamento para evitar un "vacío de poder" y para que el Legislativo active "la regla de sucesión", prevista en los artículos 114 y 115 de la Constitución de Perú. Ambos artículos señalan que durante la ausencia temporal de un presidente, asume el vicepresidente o si no existe, lo reemplaza el presidente del Parlamento.
Por su parte el abogado constitucionalista Luciano López dijo en su cuenta de X que Boluarte no podía trabajar de forma remota luego de su operación porque el único caso, permitido por la ley, ocurre cuando la presidenta está fuera de Perú, en el extranjero.
Boluarte y su actual primer ministro Gustavo Adrianzén, quien reemplazó a Otárola desde inicios de 2024, han eludido el tema. En julio Boluarte calificó de "tendenciosas" a dos preguntas sobre si se había sometido a una operación en la nariz.
El presidente de la comisión de Fiscalización, Juan Burgos, del partido Podemos Perú, dijo a la prensa que podrían sumarse hasta diez horas, incluida etapas previas y posteriores a la operación en la que Perú “no tuvo presidente de la República” porque la mandataria no encargó su puesto, ni avisó al Parlamento, ni informó al país. El exprimer ministro declaró ante la comisión de Burgos.
Perú no tiene vicepresidente porque Boluarte era quien ocupaba ese cargo hasta 2022, cuando reemplazó al entonces mandatario Pedro Castillo (2021-2022) , destituido tras intentar disolver el Parlamento y enviado a prisión preventiva mientras es investigado por corrupción y rebelión.
El exprimer ministro dijo ante la comisión que no sabía quién pagó la intervención, ni si Boluarte recibió orden de descanso. “Que yo sepa la presidenta no firmó ningún documento bajo la influencia de la anestesia”, añadió.
Ante el parlamento, Otárola indicó que Boluarte le dijo antes “que se iba a hacer una rinoplas ... una intervención a la nariz, pero por problemas de respiración”. Precisó que se comunicó al día siguiente de la operación con Boluarte, “se notaba por la voz que había sido intervenida evidentemente en las fosas nasales”, pero que a partir de ese momento tuvo una comunicación fluida, incluso hubo una reunión virtual semanal con los ministros. “Se reincorporó luego de una semana y media a los consejos de ministros presenciales”, añadió Otárola.
Las oficinas de la presidencia y del primer ministro le dijeron a The Associated Press que no tenían comentarios. “Estamos enfocados en el trabajo diario. Todo bien por acá”, dijo Jean Pajuelo, el secretario de comunicación de la presidenta.
Sin una bancada legislativa propia, Boluarte ha sobrevivido a cinco intentos de destitución gracias a una coalición que la ha protegido y que incluye dos partidos populistas, en especial Fuerza Popular, liderado por la exprimera dama Keiko Fujimori y Alianza para el Progreso, del empresario y gobernador César Acuña.
La legisladora Patricia Juárez, de Fuerza Popular —parte de esa coalición— dijo que no hay una base jurídica sólida para acusar a la presidenta de haber cometido una infracción a la Constitución. "He visto a mucha gente que se ha hecho una operación y no creo que eso constituya una falta...y eso no es ningún problema” dijo a la prensa.
Boluarte está investigada en varios casos por la fiscalía, uno de ellos por su presunta responsabilidad en las muertes de manifestantes al inicio de su gestión y otro como presunta autora del delito de cohecho luego de exhibir unos relojes de lujo marca Rolex cuya adquisición no ha podido justificar ya que ella sostiene que le fueron prestados por un gobernador amigo suyo sin pedir nada a cambio.
La popularidad de Boluarte es la más baja de un mandatario peruano desde 1980. La firma Datum Internacional arrojó en noviembre que la aceptación a Boluarte descendió a 3%. Su impopularidad subió a 94%, mientras que 3% no opina.