BRAZIL – Varios estados en Brasil están intentando deshacerse de las protecciones sobre la selva tropical, cediendo a la presión de ganaderos y productores de soja para talar árboles y expandir la agricultura. Sus esfuerzos son contrarios a los del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien regresó al poder el año pasado y ha logrado avances significativos en la reducción de la deforestación del Amazonas. También amenazan el compromiso de Brasil de detener la deforestación para 2030. La pérdida de bosques es la mayor fuente de emisiones de carbono del país.
“Estamos detectando una ola bien coordinada de retrocesos. Los esfuerzos para reducir la deforestación siguen siendo muy frágiles en algunas regiones”, dijo Alice Thuault, directora ejecutiva del Instituto Centro de Vida, una organización ambiental sin fines de lucro con sede en el estado de Mato Grosso. Una coalición de organizaciones que vigila las cadenas de suministro, la iniciativa Marco de Responsabilidad (AFi), también se refirió a la tendencia como “un gran retroceso”.
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Los nueve estados amazónicos de Brasil son cruciales para la preservación del bosque. Juntos, gestionan casi 564.000 kilómetros cuadrados (220.000 millas cuadradas) de tierras de conservación y 32.600 kilómetros cuadrados (12.600 millas cuadradas) de bosques públicos que no tienen designación protectora, un área aproximadamente del tamaño de Ucrania.
En el estado de Acre, una ley aprobada por unanimidad en agosto permite la privatización de casi 900 kilómetros cuadrados (347 millas cuadradas) de bosque protegido, un área aproximadamente del tamaño de la ciudad de Nueva York. El objetivo declarado es legalizar la situación de las personas que se han trasladado ilegalmente a cinco unidades de conservación forestal.
El estado y sus principales organizaciones agrícolas están encontrando una causa común con el partido comunista de Brasil y el legislador estatal Edvaldo Magalhães. En un discurso en agosto, dijo que la nueva legislación ambiental, que también reduce las penas por deforestación ilegal, beneficiará a 40,000 pequeños agricultores. Dijo que aumentará el área de bosque protegido, aunque no ha dicho cómo. Magalhães no respondió a las solicitudes de entrevista.
La nueva legislación de Acre ha recibido un fuerte apoyo de las organizaciones de agronegocios, que desde hace tiempo abogan por relajar las protecciones de la selva tropical. “Cuanto más bosque, más pobreza”, dijo Assuero Veronez, presidente de la Federación de Agricultura y Ganadería de Acre, durante un discurso en el parlamento estatal en abril de 2023.
Veronez, un ganadero que emigró del sureste de Brasil a Acre, argumenta que los bosques no generan ingresos y ocupan tierras que podrían utilizarse para la agricultura. “Ese hectárea de bosque — hay suelo debajo de él. Si no podemos remover el bosque, no podemos producir”, dijo.
Veronez no respondió a las solicitudes de comentarios de la Associated Press.
La aprobación de la legislación llevó a la secretaria de Medio Ambiente de Acre, Julie Messias, a renunciar. “La nueva legislación plantea serios riesgos y puede no ser constitucional”, dijo Messias. Es crucial que las personas obtengan un estatus legal, pero eso debe hacerse de acuerdo con las leyes de Brasil sobre conservación forestal, dijo. El gobernador de Acre, Gladson Cameli, firmó la ley, pero retrasó su implementación hasta el 1 de enero para evaluar si es legalmente vinculante.
La perspectiva de que las áreas protegidas en Acre puedan ser privatizadas llevó a un aumento en la deforestación, según un análisis de imágenes satelitales solicitado por la AP del Instituto Amazonía de Personas y el Ambiente, una organización sin fines de lucro. De agosto a octubre, la deforestación ilegal en cuatro áreas protegidas se triplicó con respecto al año anterior, hasta aproximadamente el área de seis Parques Centrales.
El daño fue mucho peor en el estado vecino de Rondonia, donde la Asamblea y el gobierno local están en la corte buscando anular 11 unidades de conservación y reducir otras dos. En dos de ellas solas, Guajara-Mirim y Soldado da Borracha, incendios que fueron deliberadamente provocados destruyeron un área combinada de 1.730 kilómetros cuadrados (668 millas cuadradas), un área ligeramente mayor que el Gran Londres, según MapBiomas, una red de organizaciones no gubernamentales que monitorea el uso de la tierra.
El fiscal del estado de Rondonia, Pablo Viscardi, dijo que los incendios son obra de personas que quieren obtener el título legal de la tierra. “Usan incendios forestales para ‘consolidar’ la apropiación de tierras y/o prevenir la regeneración de áreas de las que fueron expulsados”, le dijo a la AP.
En Rondonia y también en el vecino Mato Grosso, las autoridades también han puesto fin a una importante pieza de legislación ambiental. En la histórica Moratoria de la Soja de 2006, comerciantes y productores de aceite acordaron no comprar soja cultivada en tierras recientemente deforestadas. Grupos ambientales, incluidos Greenpeace y gigantes de productos básicos como Cargill, Bunge y ADM, fueron partes. Ahora las leyes en Mato Grosso, el estado productor de soja y carne de res más grande de Brasil, y Rondonia, obligan a comerciantes y productores de aceite a salir del acuerdo.
Otro estado amazónico, Para, está impulsando una iniciativa similar. Según Directa, una empresa de consultoría legal, el proyecto de ley se parece mucho a los de Mato Grosso y Rondonia, lo que sugiere un esfuerzo coordinado para socavar la moratoria de la soja.
Los críticos de la moratoria, que incluyen a las principales asociaciones de productores de soja de Brasil, argumentan que el acuerdo es ilegal porque va más allá de las leyes brasileñas contra la deforestación. En un comunicado, el gobierno de Mato Grosso dijo que cesó los incentivos bajo la moratoria de la soja porque el estado ya aplica “las regulaciones ambientales más estrictas del mundo” y las empresas que violen las leyes nacionales enfrentarán sanciones, al igual que en otros países.
Brasil es el quinto mayor emisor de gases de efecto invernadero del mundo, con casi el 3% de las emisiones globales, según Climate Watch, una plataforma en línea gestionada por el Instituto de Recursos Mundiales. Casi la mitad de las emisiones de carbono de Brasil provienen de la deforestación. El Amazonas es un regulador climático vital, contiene el bosque más biodiverso del mundo y un quinto del agua dulce mundial.
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La cobertura climática y medioambiental de The Associated Press recibe el apoyo de varias fundaciones privadas. La AP es la única responsable del contenido.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.