BOGOTÁ – El gobierno estadounidense anunció el viernes que niega la entrada a su territorio al exgeneral colombiano Mario Montoya Uribe por considerar que hay “pruebas creíbles” de que participó en casos de “falsos positivos”, como son conocidas en Colombia las ejecuciones extrajudiciales de civiles que eran falsamente presentados como guerrilleros muertos en combate.
Estados Unidos, indicó una declaración del secretario de Estado, Antony J. Blinken, sanciona al exmilitar por su "participación en graves violaciones de los derechos humanos”. Tanto Montoya Uribe como sus familiares directos tendrán prohibido el ingreso a Estados Unidos, agregó el comunicado.
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Montoya Uribe, quien llegó a ser comandante del Ejército colombiano, se convirtió en 2023 en el exmilitar de más alto rango en ser imputado por crímenes de guerra y lesa humanidad en casos de “falsos positivos” por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), tribunal creado para juzgar los crímenes del conflicto interno en Colombia como parte del acuerdo de paz firmado en 2016 entre el Estado y la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
El exmilitar no aceptó los cargos imputados y pidió que se anulara el proceso en su contra alegando presuntas fallas en el mismo.
En caso de que los imputados reconozcan su responsabilidad y aporten detalles relevantes de lo ocurrido, podrán acceder a sanciones que no impliquen cárcel, pero sí restricción a la movilidad y reparación a las víctimas. De lo contrario, pueden ser llevados a juicio, donde se exponen a una pena de hasta 20 años de cárcel.
La JEP lo investiga a él y a otros exmilitares por sus presuntos vínculos en 130 asesinatos y desapariciones forzadas cometidas entre 2002 y 2003, cuando comandaba una brigada de Medellín, al noroeste del país.
La restricción de entrada a Estados Unidos fue un pedido que hicieron grupos de víctimas colombianas ante la embajada de ese país, según Sebastián Escobar, abogado de víctimas de “falsos positivos” del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.
“Para nosotros es importante (la sanción) porque envía un mensaje claro e inequívoco de que hay evidencia, indicios de su participación, y éste puede ser un mensaje para la justicia (colombiana) de avanzar en establecer ya su responsabilidad penal”, dijo Escobar a The Associated Press.
Montoya Uribe habría ejercito presión a sus tropas por resultados, especialmente para “producir bajas en combate a toda costa” con comparativas y recriminaciones públicas para quienes no cumplían con las metas, señaló la JEP en la imputación.
Además, el exgeneral es señalado por el tribunal de mentir públicamente sobre las ejecuciones extrajudiciales.
En 2002, Montoya Uribe informó en una rueda de prensa sobre varios guerrilleros muertos en combate. Sin embargo, el tribunal concluyó que se trataba de civiles, entre ellos, dos niñas de 13 y 16 años, que fueron interceptados por el Ejército cuando iban en un vehículo.
El tribunal calcula que la cifra de víctimas de “falsos positivos” en Colombia asciende a 6.402, la mayoría asesinados entre 2002 y 2008.
Con el anuncio de la sanción para Montoya Uribe, el gobierno estadounidense recalcó que continuará con los “esfuerzos para apoyar una paz duradera y perdurable en Colombia que reconozca las necesidades de las víctimas y los sobrevivientes”.
Reconoció, además, la labor de la JEP para “poner fin a la impunidad de los crímenes relacionados con el conflicto”.
La JEP está investigando miles de crímenes cometidos por exguerrilleros de las FARC, exmilitares, agentes del Estado y terceros civiles.