MIAMI, Fla. – Los jurados escucharon el jueves los argumentos finales de los abogados en el juicio por corrupción pública del excomisionado de Miami-Dade Joe Martínez.
Martínez enfrenta cargos de conspiración y compensación ilegal.
Los fiscales lo acusan de aceptar $15,000 del dueño de un supermercado y su arrendador en un intento fallido de lograr que se cambiara una ordenanza del condado para aclarar problemas de cumplimiento del código.
Argumentaron que el hecho de que el dinero dejara de llegar tan pronto como la ordenanza no se aprobó demuestra que fue un quid pro quo. Los abogados defensores han argumentado que fue una transacción privada con alguien que el excomisionado conoce desde hace años.
“La razón por la que el dinero se detiene es porque el acuerdo fracasó”, aseguró el fiscal Tim VanderGiesen. “La legislación no se aprobó, por lo que (no había) ninguna razón por la que se necesitara más dinero”.
VanderGiesen argumentó que “un funcionario público no puede extorsionar a la gente para beneficiarse con sus puestos públicos”.
El abogado de Martínez, Ben Kuehne, dijo que no había “ninguna prueba de que Joe Martínez estuviera desesperado por dinero, no pudiera pagar sus cuentas, estuviera atrasado en el pago de su hipoteca, nada de eso”.
“Ya fuera cuando estaba en el cargo o cuando no, como agente de la ley retirado o como ciudadano particular, siempre buscaba ayudar a los demás”, resaltó Kuehne.
Si es condenado, Martínez podría pasar hasta 20 años tras las rejas.