MONTEVIDEO – Unos 2,7 millones de uruguayos están llamados a las urnas el domingo para elegir presidente, vicepresidente, senadores y diputados, y, además, decidir sobre dos plebiscitos clave sobre inseguridad y pensiones en una campaña electoral que no ha terminado de convencer a los votantes.
El país deberá optar entre la permanencia de la actual coalición encabezada por el Partido Nacional del actual mandatario Luis Lacalle Pou o la vuelta al poder de la izquierda, de la mano del Frente Amplio, históricamente liderado por el expresidente José Mujica. En medio de campañas austeras y una amplía apatía, el voto de los ciudadanos indecisos será clave para una izquierda que gobernó por 15 años consecutivos y aspira a volver al poder después de perderlo en 2019.
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“Ha sido una campaña alejada de la gente, que no logró los niveles de movilizaciones que tiene Uruguay históricamente, donde la adhesión a los partidos es de las más altas de Latinoamérica”, afirmó a The Associated Press el analista político Julián Kanarek.
A pocos días de la votación, las principales encuestas señalan como favoritos al izquierdista Yamandú Orsi y su compañera de fórmula Carolina Cosse y colocan al opositor Frente Amplio con más de un 40% de intención de voto. A continuación, aparece Álvaro Delgado, candidato del oficialista del Partido Nacional, con entre un 20% y 24% del apoyo y, en tercer lugar, Andrés Ojeda, abanderado del conservador Partido Colorado, con entre 12% y 17%.
Para resultar electo, cualquiera de los aspirantes presidenciales deberá superar el 50% de las papeletas válidas, lo que le otorga a los indecisos —que rondan entre el 10% y el 14%— un papel clave. De no lograrlo, los dos candidatos más votados se medirán en una segunda vuelta el 24 de noviembre.
En la misma jornada se celebrarán también dos plebiscitos, en los que el voto —a diferencia de la elección presidencial— no es obligatorio.
El primero, respaldado por el oficialismo, aborda las crecientes preocupaciones sobre la inseguridad y consulta si se debe levantar la prohibición constitucional de las redadas policiales nocturnas en los hogares. Hasta ahora solo se permiten allanamientos en casas durante el día y con orden judicial.
La segunda consulta popular, más polémica, es una reforma a las pensiones impulsada por las centrales obreras y agrupaciones sociales que busca restablecer la edad de jubilación en los 60 años, recientemente elevada por el gobierno de Lacalle Pou a los 65.
Propone además equiparar el monto de las jubilaciones y pensiones al valor del salario mínimo nacional y, en el punto más controvertido, eliminar las administradoras de fondos de pensiones privados para dejar los aportes sólo en el sistema público, lo que generó calurosos debates por su posible costo fiscal. “Es un plebiscito complejo porque ni la izquierda está de acuerdo”, señaló Kanarek.
Las encuestas vaticinan una victoria del Frente Amplio que, de confirmarse, volvería al poder tras cinco años y después de haber estado al mando del país entre 2005 y 2020.
Sin embargo, en medio de la apatía de los electores, ninguno de los candidatos ha conseguido desmarcarse de forma contundente.
Si por un lado la elección en 2019 de Lacalle Pou supuso un punto de quiebre tras 15 años de gobiernos del Frente Amplio, el carismático mandatario —quien dejará la Presidencia con una gestión aprobada por el 50% de los uruguayos— no puede reelegirse y tampoco logró transmitir su capital político a su heredero, Álvaro Delgado.
A eso se suma una participación ciudadana que alcanzó su menor nivel el pasado junio, durante las elecciones primarias para elegir a los candidatos de los partidos en las que el voto no era obligatorio. Tan solo un 35% de los electores acudieron a las urnas, la tasa más baja de la historia.
Expertos atribuyen esa baja adhesión y movilización popular a que la ciudadanía no considera que éste será un ciclo electoral con “cambios fundamentales”.
Los proyectos de los dos principales contendientes bloques guardan similitudes y coinciden en tener sus ejes centrales en mejorar la competitividad del país, acortar las brechas económicas y reducir la tasa de la pobreza infantil en Uruguay, donde uno de cada cinco niños vive por debajo de la línea de pobreza.
La política en Uruguay, una de las economías más estables de América Latina, se da a través del “debate de los matices más que de extremos”, apuntó el politólogo Agustín Canzani, en contraste con otros países, como México, Brasil o Estados Unidos. “Es un vaivén entre un bloque de centro-izquierda y uno de centro-derecha" que, según matizó, ha ordenado el panorama político "por lo menos en las últimas dos décadas”.