MIAMI-DADE COUNTY, Fla. – La fiscal estatal de Miami-Dade, Katherine Fernandez Rundle, ofrecerá una conferencia de prensa este jueves para anunciar el arresto más reciente en la investigación en curso sobre la Asociación de la Comunidad de Hammocks.
Las autoridades detuvieron el pasado diciembre a Kevin Leonardo Alzate, de 32 años, primo de la ex presidenta de la asociación de propietarios, Marglli Gallego, y lo ingresaron en el Centro Correccional Turner Guilford Knight.
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Alzate enfrenta cargos por perjurio por declaraciones contradictorias, falsificación de pruebas físicas y resistencia a un oficial sin violencia.
Gallego, junto con Mónica Ghilardi, José Antonio González, Myriam Rodgers y Yoleidis López, fueron arrestados previamente en el caso. Se les acusa de robar más de un millón de dólares y eran miembros de la junta, actuales o anteriores, en el momento de sus arrestos.
Durante años, los residentes expresaron su indignación por la situación de la asociación en el suroeste de Miami-Dade, y el problema llamó la atención del cantante cubano Willy Chirino, quien en 2022 pidió una investigación sobre la HOA después de que surgieran dudas sobre las elecciones, el arresto de su ex presidenta por robo y un notable aumento en las tarifas.
Según un comunicado de la Oficina de la Fiscal Estatal de Miami-Dade, Alzate fue una “parte integral” de un esquema para crear “varios años de retrasos legales” que tenían el objetivo de evitar la entrega de los documentos financieros requeridos para facilitar la investigación criminal, a pesar de las órdenes judiciales para hacerlo.
Los fiscales acusan a Alzate de proporcionar declaraciones juradas notarizadas exigiendo dinero a las fuerzas del orden, que luego utilizó para justificar su falta de cooperación con las solicitudes legales; la HOA respaldó los gastos de producción de los documentos presentando declaraciones juradas y con el aval de un notario.
Iván Díaz es un proveedor relacionado con Gallego y...
En una declaración, la fiscal estatal de Miami-Dade, Katherine Fernandez Rundle, calificó las acciones de Alzate como un “insulto deliberado” al sistema judicial y a los jueces, y que permitió a los miembros de la junta de la HOA “continuar con sus robos”.