Cuando su iglesia dejó de sentirse segura, el diácono nicaragüense Francisco Alvicio hizo un plan con su congregación. Discretamente, comenzaron a transformar sus hogares en templos.
“Si me persiguen en la iglesia, yo tengo mi Biblia”, dijo el religioso de 63 años.
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Rezar a escondidas fue lo último que intentó antes de huir de su país en octubre de 2023. Como él, otros pastores evangélicos, sacerdotes católicos y organizaciones de derechos humanos de Nicaragua han denunciado hostigamiento, vigilancia y detención de líderes religiosos en años recientes.
“No es de buen corazón ir ahí con un arma”, dijo Alvicio desde Costa Rica, donde ahora vive con su esposa. “Si a una iglesia llegan con armas, uniformes, hablando fuerte, es para intimidar al pueblo”.
La relación entre el gobierno y las comunidades religiosas nicaragüenses se complicó desde 2018, cuando el presidente Daniel Ortega reprimió violentamente una serie de protestas sociales multitudinarias.
Ortega pidió que la Iglesia católica fungiera como mediadora cuando las tensiones comenzaron, pero el diálogo duró poco. Después de que algunos sacerdotes brindaran refugio a los manifestantes y expresaran preocupación por el uso excesivo de la fuerza, Ortega los señaló como “terroristas”.
Entre los evangélicos, sólo unos cuantos líderes han apoyado al presidente abiertamente. La mayoría de las congregaciones ha evitado pronunciarse, pero esto no ha salvado a varios pastores de ser arrestados ni a cientos de organizaciones de ser canceladas por el gobierno.
En el norte de Nicaragua, donde Alvicio nació, la mayor parte de la comunidad indígena misquita se identifica como evangélica.
La Iglesia morava —a la que el diácono pertenece— se estableció en 1849. Y hasta antes de su cierre por orden del gobierno en agosto pasado, reunía a unos 350.000 miembros.
Por décadas, dijo Alvicio, los misquitos podían profesar su fe con libertad. Los cultos se realizaban los miércoles, viernes y domingos. Ancianos y niños por igual se reunían en el templo, donde los reverendos leían la Biblia y las ceremonias concluían con el canto de un himno.
El panorama cambió cuando el gobierno impuso nuevas reglas sobre su congregación. Primero, el pago de un impuesto nuevo. Luego, el reemplazo de un cordero que la iglesia empleaba como imagen.
“No aceptamos”, dijo Alvicio. “No podemos cambiar ni un artículo porque el gobierno quiere. El único camino que tenemos es el de Dios”.
Poco después, desconocidos vestidos de negro comenzaron a aparecer en su templo.
Aquellos temerosos de asistir a un culto público comenzaron a optar por quedarse en casa. Algunos leían sus Biblias en silencio y soledad. Otros, con sillas de sobra como para transformar sus casas en iglesias improvisadas, empezaron a invitar a vecinos y líderes como Alvicio a rezar juntos.
Y así, cambiado casas diariamente, hablando en voz baja y reuniéndose a las 4:00 a.m. para evitar ser detectados, mantuvieron su cercanía con Dios.
Los evangélicos también se han visto afectados por el gobierno de Ortega
De acuerdo con CSW, una organización británica que aboga por la libertad religiosa en el mundo, las violaciones a este derecho en las comunidades cristianas nicaragüenses han sido menos visibles que aquellas en contra de la Iglesia católica.
Anna Lee Stangl, jefa de abogacía de CSW, señaló en una publicación reciente que esto obedece a varias causas. Entre ellas, que la Iglesia católica es una sola organización religiosa cuya estructura se extiende geográficamente y tiene una jerarquía clara.
“La Iglesia protestante, en cambio, está compuesta por diferentes denominaciones e iglesias independientes, algunas de las cuales dominan en una parte del país y se ausentan en otras, y que no necesariamente trabajan en conjunto o se comunican”, escribió.
En ambas comunidades de fe, las violaciones a la libertad religiosa que sus miembros refieren son similares: restricciones a los servicios religiosos, prohibición de procesiones, irrupción de hombres armados a los templos, robo o destrucción de objetos sagrados e infiltración de informantes.
“Este año ha empeorado gravemente la situación”, dijo Martha Patricia Molina, una abogada nicaragüense que lleva un registro detallado de violaciones a la libertad religiosa en su país.
De acuerdo con su último reporte, al menos 870 agresiones se cometieron contra la Iglesia católica entre 2018 y 2024. Unas 100 más se registraron contra la Iglesia protestante en el mismo periodo.
Adicionalmente, la organización de derechos humanos Nicaragua Nunca establece que al menos 256 iglesias evangélicas han sido cerradas por el gobierno en los últimos cuatro años. En comparación, 43 comunidades católicas se han visto afectadas por cierres desde 2022.
Más de 200 religiosos han huido del país. A unos 20 se les retiró la nacionalidad y 65 han sido acusados de conspiración y otros cargos.
El gobierno de Nicaragua no respondió un pedido de comentario sobre el tema.
Un pastor estadounidense en Nicaragua
El pastor Jon Britton Hancock no lo vio venir. ¿Cómo podría imaginar que 11 colaboradores de su iglesia serían encarcelados si el gobierno de Ortega les había dado luz verde para operar durante años?
Hancock y su esposa —ambos estadounidenses y fundadores de la iglesia Mountain Gateway — comenzaron a trabajar en Nicaragua en 2013. Dos años después enviaron a sus primeros misioneros y empezaron a colaborar con pastores locales.
A lo largo de la siguiente década desarrollaron prácticas sustentables para comercializar café, ofrecieron apoyo a familias afectadas por huracanes y organizaron campañas masivas de evangelización. La última de éstas, dijo Hancock, convocó a casi un millón de personas. Pero luego todo cambió.
En diciembre de 2023, 11 pastores y dos abogados de su iglesia fueron arrestados y sus familias no supieron nada de ellos durante meses. No fue sino hasta septiembre de 2024 que fueron liberados por razones humanitarias.
Hancock no entiende qué pasó. Aunque sus sermones nunca se politizaron, llegó a predicar en el Congreso y la Policía Nacional. Mantuvo encuentros con autoridades y, tanto Ortega como su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, le enviaron notas felicitándolo por el trabajo de su iglesia.
“Pienso que la verdadera razón es que el Evangelio es una amenaza para las ideas totalitarias”, dijo el pastor. “Nuestra perspectiva se enfoca en la relación personal con Dios y está basada en el amor, pero el amor no puede florecer bajo control o coerción”.
Las medidas que Ortega ha tomado contra las comunidades de fe, dijo Hancock, no sólo afectan a la libertad. Las confiscaciones encabezadas por el gobierno han impactado en las inversiones de las iglesias y, en muchos casos, los pastores detenidos o forzados al exilio son el sostén económico de sus hogares.
El líder local de Mountain Gateway en Nicaragua, Walder Blandón, fue detenido junto con su esposa, por lo que la pareja tuvo que separarse de su bebé de dos meses. El pequeño y su hermano —dos años mayor— quedaron en manos de su abuela, que tenía problemas de salud.
“Ya sea que el gobierno nicaragüense quiera atemorizar a la gente o no, te puedo asegurar que hay mucho miedo y la gente está reaccionando”, añadió el pastor.
Él también ha sabido de personas que realizan reuniones en casa para rezar. Los modestos equipos de sonido de los feligreses ya no pueden utilizarse, explicó, porque cualquier guitarra podría atraer la atención de la policía, pero las congregaciones se han mantenido activas de manera clandestina.
“No es muy conocido lo que está pasando con los evangélicos en Nicaragua”, dijo. “Los pastores evangélicos no manifiestan una posición como los sacerdotes católicos, por lo que han pasado un poco desapercibidos, pero ahí están”.
No queda más que irse
El pastor ya se había acostumbrado a observar a policías monitoreando sus sermones y a detectar desconocidos escuchando sus conversaciones, pero cuando alguien le dijo “quieren tu cabeza”, entendió que no le quedaba más que dejar su país.
“El gobierno quiere controlar todo”, dijo el líder evangélico, quien salió de Nicaragua hace un año y pidió reservar su nombre y nuevo lugar de residencia por razones de seguridad. “Tienen miedo de que, si uno habla contra el gobierno, el pueblo se va a levantar”.
En su pueblo, dijo, los informantes “son como Judas”: miembros de la comunidad que hablan la lengua local y usan sus teléfonos para grabar charlas o imágenes que podrían interesar al gobierno.
“Ellos entran y te saludan como si nada y uno, sin saber, les da la bienvenida”, relató el religioso. “Pero se llevan la acusación en sus grabaciones”.
Con el tiempo, dijo, aprendió a reconocerlos en camiones y lanchas que usan los locales para cruzar un río cercano. “Si alguien murió y lo van a velar, en esa vela también están”, aseguró. Junto a las familias llorando a sus muertos.
Ahora, que vive lejos de su país, su familia también ha dejado de ir a la iglesia. Aún cantan y alaban, pero en casa, y él los acompaña desde lejos. A diario reza por ellos, dijo, pero también por el gobierno. Porque cree en la justicia y la paz.
Como él, a la distancia, Alvicio también se aferra a su fe. Puede que su iglesia haya sido clausurada y la hostilidad del gobierno lo haya forzado a huir, pero a través de sus oraciones aún se siente cerca de Nicaragua.
“Nosotros, los moravos, creemos que, donde sea, podemos orar a Dios”, dijo. “Yo camino, yo hablo, yo pienso y uso todo ese poder que tengo porque creo que, aunque esté solo, él está conmigo”.
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Hernández reportó desde Ciudad de México.
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La cobertura de noticias religiosas de The Associated Press recibe apoyo a través de una colaboración con The Conversation US, con fondos del Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable de todo el contenido.