WASHINGTON – El senador Rick Scott y el senador Marco Rubio presentan un proyecto de ley para aumentar la recompensa por información que conduzca al arresto y condena de Nicolás Maduro.
La Ley para Garantizar Oportunidades Oportunas de Pago y Maximizar las Indemnizaciones por la Detención de Funcionarios del Régimen Ilegítimo (STOP MADURO) aumentaría el monto máximo de la recompensa de $15 millones a un máximo de $100 millones por información que conduzca al arresto y condena de Maduro.
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Esto se produce después de la votación del 28 de julio en la que Maduro fue declarado ganador a pesar de la fuerte evidencia de que el candidato opositor Edmundo González ganó por un margen de casi 2 a 1, lo que provocó la condena internacional de que la votación careció de transparencia.
“El pueblo venezolano votó abrumadoramente por un nuevo día de libertad y democracia el 28 de julio cuando eligió a Edmundo González en un esfuerzo liderado por la líder de oposición María Corina Machado. Está claro que Maduro no renunciará por su cuenta, e insto a mis colegas a apoyar este proyecto de ley para librar a Venezuela y al mundo de la opresión de Maduro y dar paso al presidente electo González para devolver la democracia, la libertad y las oportunidades a Venezuela”, dijo el senador Rick Scott.
La recompensa sería pagada por el gobierno federal utilizando los activos confiscados que ya están siendo retenidos de Maduro, funcionarios del régimen de Maduro y sus co-conspiradores, no fondos de los contribuyentes.
“Estados Unidos debe hacer más para arrestar al narcodictador Nicolás Maduro. He pedido a la Interpol que emita una alerta roja para facilitar esto, y esta legislación se basa en ese llamado al aumentar la recompensa por su arresto a 100 millones de dólares. Maduro es uno de los estafadores más corruptos del régimen venezolano y ya es hora de que rinda cuentas por sus crímenes”, dijo el senador Marco Rubio.
Según la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos en el Sur de la Florida y sus socios federales encargados de hacer cumplir la ley, que han presentado docenas de cargos penales contra funcionarios de alto nivel del régimen, las incautaciones de activos ascienden a aproximadamente $450 millones de dólares.