QUITO – El presidente ecuatoriano Daniel Noboa envió el viernes a la Corte Constitucional un proyecto de reforma parcial a la Constitución para que el estado deje de financiar a las organizaciones políticas y la propaganda electoral. Si es aprobada, la reforma no se aplicaría en las elecciones presidenciales de 2025.
Según la Secretaría de Comunicación de la Presidencia, el objetivo de la propuesta es evitar “el mal uso de los recursos públicos que son otorgados a los candidatos y que históricamente no han sido debidamente justificados ni transparentados”. Plantea además que esos fondos sean destinados a salud, educación y seguridad.
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Noboa, que era desconocido en la política hasta 2021 cuando ganó una curul como legislador, es hijo de uno de los empresarios más ricos del país. Hace esta propuesta pocos meses antes de las elecciones de febrero de 2025, en las que busca la reelección.
Para esas elecciones, el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha destinado un monto de 13,76 millones de dólares a la propaganda de los candidatos a presidente y vicepresidente que en Ecuador se eligen en fórmula presidencial.
Ese monto lo reparte directamente por el CNE —sin pasar por las manos de los partidos políticos— entre los medios de comunicación que transmiten las cuñas y spots durante la campaña.
Además, existe un fondo partidario de cuatro a cinco millones de dólares anuales que el estado reparte entre movimientos y partidos políticos de todo el país.
Las organizaciones que reciben esos fondos deben cumplir con una serie de requisitos, como acreditar un número mínimo de simpatizantes, mantener delegados en todo el país o en las provincias —dependiendo de si son nacionales o locales— y alcanzar al menos el 4% de votación en dos elecciones consecutivas, entre otros.
El comunicado no da detalles sobre el documento enviado a la Corte Constitucional cuyo contenido aún no es público, y únicamente dice que “la propuesta precautela de forma equitativa e igualitaria se propicie el debate entre los candidatos”, a pesar de que en la legislación vigente ese debate ya está normado y es obligatorio desde 2021.
Si la Corte Constitucional aprueba la reforma a los artículos 110 y 115 de la Constitución vigente desde 2008, la propuesta pasará a la Asamblea Nacional, que en dos sesiones del pleno debe decidir su aprobación o rechazo —con una mayoría de al menos 92 de los 137 legisladores—, y finalmente, la reforma irá a un referendo en el que los ciudadanos votarán en favor o en contra.
En caso de ser aprobada, la reforma no aplicaría a las elecciones presidenciales de 2025, sino a las de 2029.
El abogado constitucionalista, Ramiro Aguilar, en declaraciones a The Associated Press dijo que esta propuesta “es una necesidad para que se deje de desperdiciar recursos públicos con el pretexto de democracia”, si se logra eliminar este financiamiento estatal también se terminará “con la corrupción alrededor de los fondos partidarios”, añadió.
Pero también hay voces favorables a mantener el financiamiento estatal a las organizaciones políticas, como la del expresidente del Consejo Nacional Electoral, Omar Simon, quien señaló a la AP que el concepto de la ley vigente es “democratizar la participación” y surge de la necesidad de permitir “que la participación política no sea solo para quien tiene una gran billetera”.
Añadió que el riesgo es que sin este mecanismo “cada vez es más posible que dineros provenientes de origen ilícito terminen financiando campañas”.
La nueva propuesta del Ejecutivo se suma a la que presentó Noboa al organismo constitucional el lunes pidiendo la autorización para la instalación de bases militares extranjeras en suelo ecuatoriano o la cesión de bases militares ecuatorianas a manos extranjeras, con el argumento de que es necesario enfrentar al crimen transnacional.