SAN JUAN – Una junta federal de control que supervisa las finanzas de Puerto Rico anunció el miércoles que intervendrá para ayudar a acelerar proyectos con el fin de arreglar la frágil red eléctrica de la isla en momentos en que persisten los apagones generalizados.
En los últimos siete años se han gastado apenas 1.200 de los más de 17.000 millones de dólares que autorizó el Congreso de Estados Unidos para estabilizar y mejorar la confiabilidad de la red eléctrica del territorio estadounidense desde que el huracán María lo azotó como una tormenta de categoría 4, indicó Robert Mujica, director ejecutivo de la junta.
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“Necesitamos actuar más rápido”, señaló durante la junta pública de la junta. "La situación actual... es inaceptable".
Frustrados por los constantes apagones, un creciente número de puertorriqueños exigen que el gobierno de la isla cancele su contrato con Luma Energy, una compañía encargada de operar la transmisión y distribución de la electricidad. Varios candidatos a la gobernación de Puerto Rico han repetido estos llamados, pero Mujica rechazó esa posibilidad.
“No podemos volver al viejo sistema”, señaló mientras reconocía que Puerto Rico sufre “demasiados cortes de luz”.
Añadió que sólo habrá más demoras si no hay una alternativa viable disponible de inmediato. Dijo que las conversaciones sobre cancelar el contrato son “prematuras”, y que las autoridades necesitan dar prioridad a los proyectos que puedan completarse de inmediato, al tiempo que solicitó a las agencias federales que expediten las aprobaciones y permisos.
“Cada día que pasa sin que se desplieguen estos fondos es un día más que el pueblo de Puerto Rico corre el riesgo de quedarse sin luz”, subrayó Mujica.
El gobernador Pedro Pierluisi, quien asistió a la reunión, dijo que más de 17.000 millones de dólares “en realidad no estuvieron disponibles” sino hasta mediados de 2021, y que su gobierno “ha tenido que ser muy creativo al momento de lidiar con los obstáculos burocráticos” de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias de Estados Unidos (FEMA por sus iniciales en inglés).
Dijo también que su gobierno ha estado adelantando fondos a muchos contratistas para ayudar a acelerar la reconstrucción de la red destruida por María en septiembre de 2017.
En términos generales, Pierluisi señaló que el gobierno ha gastado el 46% de los fondos asignados por la FEMA en proyectos de reconstrucción relacionados con el paso del huracán María.
No todos los residentes pueden costear generadores de luz o paneles solares en una isla con 3,2 millones de habitantes y una tasa de pobreza superior al 40%. Hasta el momento se han instalado aproximadamente 120.000 sistemas solares en azoteas.
El impulso para avanzar hacia el uso de energías renovables en una isla en donde los combustibles fósiles generan aproximadamente el 94% de su electricidad ha atraído un mayor escrutinio de una ley de medición neta. La junta de supervisión interpuso una demanda a finales de julio para impugnar las enmiendas a la ley, las cuales compensan a las familias que cuentan con paneles solares por sus contribuciones a la red eléctrica.
Mientras la junta celebraba su reunión del miércoles, algunos manifestantes se congregaron afuera del recinto para exigir el retiro de la demanda. Los organizadores de la protesta presentaron una petición que cuenta con 7.000 firmas de apoyo.
Mujica señaló que, a consecuencia de las enmiendas, la independencia del Negociado de Energía de Puerto Rico "se ha visto atacada".
La ley enmendada prohíbe al Negociado realizar cambios al programa de mediciones netas antes de 2031, entre otras cosas.
La junta ha señalado que, contrario a lo que se señala, no busca poner fin a las mediciones netas, ni realizar cambios al programa de mediciones netas. Destacó que de ganar la demanda, no habría cambios en el programa actual de azoteas solares de la isla.
La demanda establece que los términos de mediciones netas afectarían la demanda del servicio de la compañía eléctrica y las ganancias de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico, la cual pasa problemas para restructurar una deuda superior a los 9.000 millones de dólares.