SAN SALVADOR – Mientras el gobierno del presidente Nayib Bukele celebró el domingo los 203 años de independencia del país con un colorido desfile cívico y militar, grupos opositores marcharon en rechazo a las políticas de mano dura y al prolongado régimen de excepción para combatir a las pandillas.
Los críticos a ese régimen de emergencia —vigente desde el 22 de marzo de 2022— exigieron respeto a los derechos humanos.
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El desfile del gobierno, al que asistieron miles de personas, inició con la participación de la Banda de El Salvador, integrada por más de 1.000 jóvenes, unidades élites de las Fuerzas Armadas y la policía seguidas de más de 2.500 estudiantes acompañados de grupos musicales de centros escolares de la capital.
El desfile, que partió de la Plaza El Salvador del Mundo, recorrió toda la avenida Roosevelt, hasta llegar al parque Cuscatlán donde los estudiantes de 15 centros educativos y sus bandas musicales y coloridas coreografías hicieron demostraciones de sus habilidades artísticas.
Durante el recorrido se rindió tributo a las víctimas del accidente aéreo ocurrido el pasado domingo en el que fallecieron el director general de la Policía Nacional Civil (PNC), comisionado Mauricio Arriaza Chicas, dos altos mandos y un cabo de la institución, un sargento y dos pilotos de la fuerza aérea. También falleció un comunicador institucional.
El gobierno dedicó el desfile al director policial fallecido por considerar que lideró las estrategias de seguridad para combatir a las pandillas que, según las autoridades, “aterrorizaron” por más de tres décadas a los salvadoreños.
Más de 2.000 soldados y policías se desplegaron en la zona para dar seguridad a los que participaron y presenciaron el desfile.
En tanto, cientos de opositores, en su mayoría de izquierda, se concentraron para marchar hasta el centro histórico de San Salvador para exitir respeto a los derechos humanos.
“Aquí estamos con víctimas del régimen de excepción, de capturas arbitrarias. Aquí está la gente que se ha volcado para exigirle al Estado salvadoreño que respete los derechos humanos”, dijo el abogado Rudy Joya, de la ONG Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios de El Salvador (UNIDEHC).
“Estamos diciendo que no estamos celebrando absolutamente nada porque no tenemos independencia real en este país por las violaciones de derechos humanos, por las comunidades que sufren en el tema de desalojo”, señaló la abogada Ivania Cruz, de la misma organización defensora de los derechos humanos.
Desde que entró en vigor el estado de excepción —que permite suspender derechos fundamentales— más de 81.900 supuestos pandilleros o colaboradores han sido capturados, según cifras oficiales. La mayoría está en prisión por el presunto delito de agrupación ilícita y con detención provisional sin condena firme.
Más de 7.000 personas han sido liberadas por las autoridades debido a la falta de pruebas para vincularlas con esas estructuras criminales, según las autoridades.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos, que han registrado más de 6.000 denuncias hechas por las victimas bajo el régimen excepción, aseguran haber contabilizado la muerte de al menos 305 personas adultas y cuatro bebés hijos de personas privadas de libertad.