MEXICO CITY – La polémica reforma constitucional que reestructurará el Poder Judicial y hará que todos los jueces sean elegidos en comicios, un cambio que sus críticos temen que politice la justicia y ponga en peligro la democracia, es ya prácticamente una realidad en México; incluso sus críticos dudan que se pueda evitar que entre en vigor.
Su tramite parlamentario terminó la madrugada del miércoles con su aprobación en el Senado, donde el oficialismo consiguió in extremis el único voto que le faltaba gracias a un parlamentario de la oposición y después de una muy convulsa sesión que incluyó la irrupción de manifestantes en el Pleno, el cambio de sede de la sesión y acusaciones de cooptar el voto.
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Ya solo necesita su ratificación por 17 de los 32 estados del país, algo totalmente factible porque Morena, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, y sus aliados controlan más de una veintena de parlamentos locales.
El primer estado en dar su apoyo fue el sureño Oaxaca que solo horas después del voto en el Senado aprobó la iniciativa por unanimidad, con los votos del oficialismo y de los partidos de oposición.En Ciudad de México, en cambio, los partidos de oposición arremetieron duramente contra lo que calificaron un riesgo para la democracia. Al menos otros dos estados ratificaron también la reforma el mismo miércoles.
Aunque existen recursos judiciales contra la propuesta —criticada dentro y fuera de México, y que el miércoles siguió convocando a manifestantes en las calles— expertos consultados por The Associated Press coincidieron en que es muy complicado detener la iniciativa, la primera de las reformas constitucionales previstas por el presidente y que incluyen otras también muy controvertidas como la supresión de organismos autónomos que hacían contrapeso al Ejecutivo.
Una posibilidad es que fuera contestada por contradecir convenios o tratados internacionales suscritos por México y en los que el Estado mexicano se compromete a tener una justicia imparcial e independiente.
“El recurso que vería más viable sería ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, indicó Georgina de la Fuente, académica integrante del Observatorio de Reformas Políticas de América Latina. Pero es un camino muy lento y en el contexto de polarización política actual “cualquier orden que venga del exterior va a ser manipulada en el discurso público como injerencia o violación a la soberanía nacional”.
Laurence Patin, directora de la Fundación para la Justica, una ONG mexicana experta en temas legales y de Estado de Derecho, considera que la violación de convenios interamericanos podría llevarse a la Suprema Corte pero parece muy complicado que el alto tribunal anule una reforma constitucional con ese argumento.
Otra posibilidad sería apelar a irregularidades en el proceso si se confirman formalmente las denuncias que han hecho algunos de los parlamentarios opositores de supuestas presiones y coacción.
El presidente López Obrador, que concluye su mandato el 30 de septiembre y quiere que el cambio en la Constitución sea parte de su legado, ya adelantó el miércoles que “no hay fundamento legal para detener la reforma”.
Su sucesora, Claudia Sheinbaum, felicitó a los senadores por lo logrado en su cuenta oficial de X, antes Twitter, y dijo que “con la elección de jueces, magistrados y ministros se fortalecerá la impartición de justicia” y “el régimen de corrupción y privilegios se queda cada día más en el pasado”.
Eran las cuatro de la madrugada cuando la cámara alta estalló en vítores y cánticos de “Sí se pudo”. Se había logrado voto a favor de 86 senadores frente a 41 en contra. El senador Miguel Ángel Yunes Márquez del movimiento opositor PAN, que días antes antes se había posicionado en contra, finalmente votó a favor.
López Obrador, que en el pasado tachó de corruptos a tanto a Yunes Márquez como a su padre un exgobernador de Veracruz homónimo—, negó el miércoles haber negociado con el senador cualquier tipo de beneficios, por ejemplo impunidad ante eventuales procesos legales, pero mostró su satisfacción por haber logrado los votos suficientes.
“Hace falta esta reforma”, dijo. “Siempre en la política hay que optar entre inconvenientes y es buscar el equilibrio entre la eficacia y los principios".
Según el presidente, Yunes Márquez "consideró que era conveniente actuar de esa manera y no necesariamente estaba a cambio una cantidad de dinero o una amenaza, él es fuerte, yo lo he enfrentado, y no es de los que se deja amedrentar”. Agregó que “en la vida hay quienes cambian de opinión”.
Empleados judiciales y estudiantes de derecho han protestado contra el proyecto durante semanas y el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, lo calificó como un “riesgo” para la democracia y para los acuerdos comerciales en Norteamérica.
López Obrador, quien ha tenido duros enfrentamientos con la judicatura porque los tribunales bloquearon o paralizaron algunas de sus grandes reformas, asegura que su plan acabará con la corrupción al facilitar sancionar a los magistrados.
Pero los críticos argumentan que la reforma pone en riesgo la independencia judicial y representa un duro golpe para el sistema de contrapesos del gobierno. Además, consideran que llenará las cortes con jueces afines al partido en la presidencia, permitirá que personas con poca experiencia sean jueces y podría facilitar que políticos y delincuentes puedan influir en los fallos judiciales.
La aprobación de la reforma tuvo lugar pese a que el martes por la noche manifestantes con tuberías y cadenas irrumpieron en la cámara con la intención de bloquear la votación. Al menos una persona se desmayó.
Los inconformes dijeron que los legisladores no estaban escuchando sus demandas. Ingresaron ondeando banderas de México y pancartas en contra de la reforma, y algunos senadores de la oposición se les sumaron mientras gritaban consignas dentro del Senado.
“Decidieron traicionar a su nación y venderse por cualquier capital político que les ofrecieron, nos sentimos obligados a entrar al Senado”, dijo uno de los manifestante, Alejandro Navarrete, empleado del Poder Judicial de 30 años. “Nuestra intención no es violentar, no pretendemos lastimarlos. Pero pretendemos dejar establecido que la sociedad mexicana no va a permitir que nos lleven rumbo a una dictadura”.
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El videoperiodista de AP Martín Silva contribuyó con esta nota.