SAN JUAN – La junta que supervisa las finanzas de Puerto Rico presentó el viernes una demanda que impugna las enmiendas a la ley de medición neta de energía, la cual compensa a los hogares equipados con energía solar por sus contribuciones a la red, lo cual ha suscitado una fuerte oposición.
La demanda de la Junta de Supervisión y Administración Financiera contra el gobernador Pedro Pierluisi tiene como objetivo proteger la independencia del Negociado de Energía para que “pueda seguir funcionando libre de influencia política”, dijo la junta.
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La junta dijo que no está tratando de poner fin a la medición neta como se aduce, ni imponer cambios en el programa de medición neta. Señaló que, si gana la demanda, no habrá cambios en el actual programa de placas solares para techos y azoteas de la isla.
Una vocera de Pierluisi dijo que el gobernador estaba analizando la demanda y que pronto respondería a ella.
En abril, la junta le había ordenado a Pierluisi y a la legislatura de Puerto Rico que enmendaran o derogaran la ley, la cual prohíbe al Negociado de Energía realizar cambios en el programa de medición neta al menos hasta 2031.
La ley también exige al Negociado de Energía que respete las condiciones actuales del programa durante 20 años más, lo que significa que muchos clientes seguirán bajo esas condiciones al menos hasta el 2051, según la demanda.
“El gobierno no actuó de forma prudente y fiscalmente responsable al promulgar la ley”, afirma la demanda.
Mientras que la mayoría de los programas de medición neta de Estados Unidos ofrecen créditos reducidos, el exceso de energía en Puerto Rico se acredita uno a uno.
La demanda señala que las condiciones de medición neta afectarían a la demanda del servicio de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), “ya que unas tarifas de medición neta más elevadas probablemente incentivarían a más clientes a pasarse a la generación distribuida”.
Dijo que el programa de medición neta también afecta directamente a los ingresos de la AEE, que está batallando para reestructurar su carga de deuda de más de 9.000 millones de dólares mientras se enfrenta a los acreedores que buscan recuperar sus inversiones.
El Negociado de Energía dispone actualmente de un borrador de estudio que analiza el programa de medición neta de la isla y recomienda que se celebre un debate público. Si la oficina decidiera introducir cambios en el programa, no podría hacerlo hasta 2031.