MIAMI, Fla. – Casi un año después del accidente de una embarcación ocurrido el fin de semana del Día del Trabajo en la bahía de Biscayne de 2022, en el que murió una joven de 17 años y resultaron heridas casi una docena de personas, se han presentado cargos contra el operador de la embarcación, anunció el viernes la fiscalía.
George Pino, de 52 años, estaba al volante de una embarcación Robalo de 29 pies de eslora, en las primeras horas de la tarde del 4 de septiembre cuando la estrelló contra una baliza del canal cerca de Boca Chita Key, matando a Lucy Fernández e hiriendo gravemente a Katerina Puig, de 17 años, dijeron funcionarios de la Fiscalía del Estado de Miami-Dade.
Varios de los 14 pasajeros de la embarcación, muchos de ellos adolescentes, también resultaron heridos tras ser arrojados por la fuerza al agua. Pino sacó la embarcación para celebrar el cumpleaños de su hija y regresaba al muelle en el momento del accidente, según las autoridades.
Las autoridades acusaron a Pino de un delito de conducción negligente de una embarcación que causó la muerte y otro por lesiones graves, ambos delitos menores.
Las autoridades indicaron que los cargos se presentaron tras una “exhaustiva investigación marina” llevada a cabo por la Comisión de Conservación de la Pesca y la Vida Silvestre de Florida y que eran los máximos permitidos por la ley.
“El patrón de conducción de la embarcación, claramente indicado por el sistema GPS de a bordo, y el hecho de que el operador de la embarcación no estuviera bajo los efectos de las drogas o el alcohol mientras la manejaba limitaron los cargos penales aplicables a las circunstancias de este incidente”, dijo el portavoz de la SAO de Miami-Dade, Ed Griffith, en un comunicado de prensa.
“Los Estatutos de Florida imponen responsabilidades legales adicionales a la operación de embarcaciones marítimas que no se imponen a los operadores de vehículos de motor”, añadió. “Si las circunstancias de este incidente hubieran ocurrido en las calles de cualquier carretera de Florida, la única opción disponible para los investigadores y los fiscales habría sido la emisión de una citación de tráfico no penal”.
Los problemas legales de Pino tras el accidente son ahora penales además de civiles.
Los padres de Puig demandaron a Pino y a su esposa en marzo, alegando que la pareja, que se suponía que supervisaba al grupo de chicas, compró y permitió que consumieran alcohol.
También alegaron que Pino “se negó a someterse a una extracción de sangre y/o a una prueba de alcoholemia después del accidente... con el fin de ocultar el hecho de que había consumido alcohol hasta el punto de que sus facultades normales estaban mermadas”, aunque, como ya se ha dicho, las autoridades no sospecharon que eso fuera un factor en el accidente.
La familia de Puig también demandó al Departamento de Bomberos Voluntarios de Ocean Reef, alegando un retraso en el tiempo de respuesta.
No estaba claro si Pino había ingresado o iba a ingresar en prisión. Una búsqueda en los registros de la cárcel no mostró ninguna información de reserva a primera hora de la tarde del viernes.
La Lucy Fernandez Foundation publicó un comunicado en Instagram el sábado por la mañana, que puedes leer a continuación.