LIMA – Un grupo de campesinos del norte de Perú denunciaron el jueves hostigamiento judicial y riesgo de ser desalojados de tierras de su comunidad ante los investigadores del Vaticano que están en el país andino para indagar sobre el comportamiento y actividades del grupo laico Sodalicio de Vida Cristiana. La denuncia apuntó a una empresa ligada a esa cofradía.
“Hemos venido a informar para que el Santo Padre sepa de las injusticias que hace esta empresa vinculada al Sodalicio, apoderándose de las tierras de los campesinos”, dijo a la prensa Marcelino Inga, uno de los integrantes de la comunidad de San Juan Bautista de Catacaos.
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Estaba acompañado por la viuda de otro campesino, que fue asesinado en 2011 en la disputa de tierras, y por otro comunero que ha sido demandado más de veinte veces. La comunidad se encuentra en la región Piura, pegada al Pacífico en el norte del país.
El papa Francisco envió a dos emisarios a Perú -el arzobispo de Malta, Charles Scicluna, y al sacerdote español Jordi Bertomeu, de la Congregación para la Doctrina de la Fe- para investigar a la cofradía. Ambos han interrogado a voceros del Sodalicio, a presuntas víctimas y a periodistas que han indagado en las imputaciones que pesan sobre la organización religiosa sobre presuntos abusos sexuales cometidos en el pasado por algunos de sus integrantes y por cuestionados manejos económicos.
Según la denuncia por desalojo de tierras, unas 1.895 hectáreas de la comunidad San Juan Bautista de Catacaos, donde viven alrededor de 100 comuneros con sus familias, terminaron en manos de una empresa ligada al Sodalicio, tras una serie de cambios de propietario. Esa compañía ha intentado desalojarlos desde 2014, dijo el campesino Inga.
Los campesinos desconocen las transferencias de propiedad y el caso del desalojo aún no ha sido resuelto por la justicia local.
La defensa de sus tierras provocó que más de 30 campesinos sean demandados por diversos delitos, incluyendo la usurpación y el hurto agravado. El campesino Percy Maza, de 39 años, dijo que recibió 25 demandas. “Mi vida ha sido una tortura, empapelado por años, mis cinco hijos siguen sufriendo”, dijo. “La justicia en Piura y en el Perú está podrida, por eso queda esperanza en el Vaticano”, añadió.
Carlos Rodríguez, miembro de la organización no gubernamental Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y quien acompañaba a los campesinos, indicó que por primera vez el Vaticano escucha de forma directa sobre las denuncias que han realizado por años en Perú.
“Son muy conocidos los temas de abusos sexuales, pero esto que había sucedido con las tierras de los comuneros de la comunidad de San Juan Bautista de Catacaos no se conocía mucho”, indicó.
En la víspera, Jaime Baertl, primer sacerdote ordenado por el Sodalicio —y el más influyente en temas económicos, según periodistas que han investigado al grupo— indicó a la prensa antes de reunirse con los investigadores del Vaticano que tendrán que probarse muchas de las imputaciones que se dicen, "pero que no tienen mucho fundamento".
En su más reciente trabajo conjunto en 2018, Scicluna y Bertomeu investigaron abusos sexuales encubiertos por décadas por la Iglesia católica de Chile que provocaron la renuncia de todos los obispos chilenos y en 2019 la dimisión del arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati.
Pedro Salinas, un periodista peruano que ha escrito dos libros sobre el Sodalicio, dijo a la AP que la investigación del Vaticano también abarca a las finanzas del grupo laico que se extienden en varios continentes y podrían superar los 1.000 millones de dólares en negocios que incluyen agroexportadoras, universidades, inmobiliarias, colegios, cementerios, constructoras y otros.