CARACAS – La Contraloría General de Venezuela informó el viernes que inhabilitó a la líder opositora María Corina Machado para ejercer cargos públicos durante 15 años.
El organismo encabezado por Elvis Amoroso, partidario del gobierno y cercano colaborador del presidente Nicolás Maduro, indicó en un comunicado -sin mostrar pruebas- que Machado fue partícipe de una supuesta trama de corrupción orquestada por al líder opositor Juan Guaidó, quien se proclamó presidente interino en 2019 cuando era líder de la Asamblea Nacional. A su vez la acusó de ocultar información de su patrimonio tras el cese de sus funciones como diputada.
Recommended Videos
Machado no forma parte del Legislativo desde 2014 y fue una crítica feroz de Guaidó dentro de las filas opositoras.
“Una inútil ‘inhabilitación’ que sólo demuestra que el régimen sabe que ya está derrotado”, expresó Machado en Twitter. “Ahora votaremos con más fuerza, más rebeldía y más ganas en las primarias”, agregó. No quedó claro si continuará en la contienda.
La ingeniera industrial de 55 años representa al partido Vente Venezuela y se había inscripto para participar en las primarias del 22 de octubre en las que la oposición buscará elegir a un candidato único para enfrentar Maduro en las elecciones presidenciales de 2024 en una contienda que incluye al menos a otros 13 de candidatos.
En una entrevista reciente con The Associated Press, Machado indicó que la inhabilitación de los líderes opositores más populares se ha convertido en un arma política del gobierno y destacó que el ganador de las primarias tendrá la legitimidad y respaldo de los venezolanos y de la comunidad internacional.
“Creo que no es tan sencillo para el régimen inhabilitar al que gane las primarias”, dijo Machado a AP. Más allá de quién gane las primarias “lo que no vamos a aceptar es que el régimen lo escoja, porque si aceptamos que el que gane se descarte, entonces ¿para qué hacemos primarias?”, añadió.
En 2014 a Machado se le impuso una sanción que la inhabilitó para ejercer cargos públicos por un año luego de que aceptó desempeñarse como representante alterna de Panamá ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) con el propósito de denunciar los presuntos delitos cometidos por el gobierno de Maduro. La inhabilitación le impidió postularse para las elecciones parlamentarias de 2015 que ganó abrumadoramente la oposición. Nunca hubo una sentencia firme de algún tribunal venezolano que avalase la inhabilitación, estipulada como pena accesoria a una condena principal.
La secretaría General de la Organización de los Estados Americanos en un comunicado condenó la inhabilitación de Machado y señaló que la decisión “es arbitraria y contraria al Estado de Derecho” por vulnerar derechos políticos y civiles elementales contemplados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos acerca del derecho a elegir y ser elegido.
“El régimen recurre a las inhabilitaciones y proscripciones para aferrarse al poder y liquidar cualquier semejanza con la democracia mientras profundiza la crisis política, social, humanitaria y económica que vive el país”, añadió el escrito.
La respuesta de la Contraloría llegó cuatro días después que el legislador disidente de la oposición José Brito solicitó a ese organismo información oficial sobre la supuesta existencia de una inhabilitación vigente contra Machado.
En los últimos años Machado fue una de las voces más críticas de los líderes de los mayores partidos opositores, a los que acusó de fracasar en su política para separar a Maduro del cargo y, ya debilitados, de intentar pactar con el gobierno a cambio de mantener pequeñas cuotas de poder. A su vez promovió el boicot en las pasadas elecciones nacionales y regionales argumentando que no existían condiciones para comicios libres y democráticos.
En semanas recientes el oficialismo revivió las denuncias de un supuesto plan para ejecutar un “golpe de Estado” y asesinar a Maduro y otros dirigentes oficialistas en 2014, del que entonces habían acusado a Machado y otros opositores.
Como pruebas, en su momento, mostraron supuestos correos electrónicos que la exlegisladora habría compartido con opositores. Los señalados aseguraron que los mensajes eran falsificados.
Maduro, que asumió la presidencia en abril de 2013 y fue reelecto en 2018 en unos comicios considerados por sus críticos locales y extranjeros como fraudulentos, ha denunciado varios planes de magnicidio y decenas de actos de sabotaje y complot.