NUEVA YORK – Donald Trump ha sido acusado por un jurado investigador de Manhattan, dijeron el jueves fiscales y sus abogados, lo que lo convierte en el primer expresidente de Estados Unidos en enfrentar un cargo penal y remece sus pretensiones de volver a ocupar la Casa Blanca el próximo año.
Los cargos continuaban bajo precinto la tarde del jueves, pero la investigación se centraba en los pagos realizados durante la campaña presidencial de 2016 para acallar las afirmaciones de un encuentro sexual extramatrimonial. Los fiscales señalaron que trabajaban para coordinar la entrega voluntaria de Trump, que podría darse a principios de la próxima semana. No comentaron sobre si pretenden buscar una sentencia que incluya tiempo en prisión en caso de una condena, algo que no evitaría que Trump asumiera la presidencia si gana la elección.
La acusación formal, un desarrollo extraordinario después de años de investigaciones sobre los tratos comerciales, políticos y personales de Trump, impulsa a una fiscalía de distrito local al corazón de una contienda presidencial y marca el comienzo de un proceso penal en una ciudad que el expresidente llamó su hogar durante décadas. Al llegar en un momento de profundas divisiones políticas, es probable que los cargos refuercen los puntos de vista tanto de quienes creen que ya era hora de que el exmandatario rindiera cuentas, como de aquellos que, como Trump, sienten que el republicano está siendo atacado con fines políticos por un fiscal demócrata.
Trump, quien ha negado haber cometido delito alguno y ha atacado la pesquisa en numerosas ocasiones, se refirió a la acusación formal como una “persecución política” y pronosticó que perjudicaría a los demócratas en 2024. En un comunicado en el que confirmaron los cargos, sus abogados Susan Necheles y Joseph Tacopina, afirmaron que Trump “no cometió ningún delito. Lucharemos vigorosamente contra este proceso político en los tribunales”.
Un portavoz de la fiscalía de distrito de Manhattan confirmó la acusación y dijo que los fiscales se habían comunicado con el equipo de defensa de Trump para concertar su entrega. Tacopina dijo que Trump “probablemente” se entregará a las autoridades el martes.
A Trump se le pidió que se entregara el viernes, pero sus abogados señalaron que el Servicio Secreto necesitaba de más tiempo para llevar a cabo los preparativos de seguridad, dijeron a The Associated Press dos personas al tanto del asunto que solicitaron el anonimato porque no podían discutir públicamente detalles de seguridad.
El fiscal de distrito Alvin Bragg dejó el jueves su oficina sin hacer comentarios.
El caso se centra en acusaciones bien documentadas de un periodo de 2016 durante el cual el pasado de celebridad de Trump chocó con sus ambiciones políticas. Los fiscales examinaron el dinero pagado a la actriz porno Stormy Daniels y a la exmodelo de Playboy Karen McDougal, de quienes temía que hicieran públicas las afirmaciones de que habían tenido encuentros sexuales extramatrimoniales con él.
El momento de la acusación pareció sorprender a los funcionarios de la campaña de Trump luego de los reportes noticiosos de que probablemente faltarían semanas para cualquier posible presentación de cargos penales. El expresidente estaba en Mar-a-Lago, su propiedad en Florida, el jueves y había filmado una entrevista con un comentarista conservador.
Para un hombre cuya presidencia estuvo definida por saltarse las normas, la acusación abre camino a otro espectáculo nunca antes visto: que a un expresidente se le tomen las huellas dactilares y se le tome foto de su fichaje y luego enfrente un proceso penal. Por motivos de seguridad, se tiene previsto que su fichaje sea un acto cuidadosamente coreografiado para evitar a las multitudes dentro y fuera del tribunal.
El proceso también significa que Trump tendrá que luchar simultáneamente por su libertad y su futuro político al mismo tiempo que se defiende de otras amenazas legales potencialmente más peligrosas, incluidas investigaciones sobre los intentos de él y de sus aliados de anular los resultados de las elecciones de 2020, así como sobre el resguardo de cientos de documentos confidenciales.
Hasta hace poco, Nueva York había sido visto como un candidato poco probable para ser el primer lugar para enjuiciar a Trump, quien continúa enfrentando investigaciones en Atlanta y Washington que también podrían resultar en cargos. A diferencia de esas investigaciones, el caso de Manhattan se refiere a la conducta de Trump antes de convertirse en presidente y no está relacionado con los intentos de anular la elección presidencial de 2020.
La acusación se produce mientras Trump busca reafirmar el control del Partido Republicano y mantener a raya a una gran cantidad de exaliados que buscan la nominación presidencial o se opondrán a que él la obtenga. Uno de sus principales rivales en la contienda, el gobernador de Florida Ron DeSantis calificó el proceso como “antiestadounidense” en un comunicado emitido la noche del jueves que no mencionó a Trump por su nombre.
Al presentar los cargos, Bragg está asumiendo un caso inusual que había sido investigado por dos fiscales anteriores que se negaron a tomar el arriesgado paso político de buscar cargos en contra de Trump. El caso depende en parte en el testimonio de un testigo clave, el exabogado de Trump Michael Cohen, quien se declaró culpable a cargos federales resultantes de los pagos para comprar el silencio de las dos mujeres.
El destino de la investigación parecía incierto hasta que a principios de marzo comenzó a circular la noticia de que Bragg había invitado a Trump a testificar ante el jurado investigador, un indicio de que la fiscalía estaba cerca de presentar cargos.
Los abogados de Trump rechazaron la invitación, pero un abogado muy allegado al expresidente testificó brevemente en un intento de socavar la credibilidad de Cohen.
El propio Trump había generado expectativas de que sería acusado pronto, al emitir una declaración a principios de mes en la que predijo un arresto inminente y llamó a sus seguidores a protestar. No repitió ese llamado en una nueva declaración el jueves, pero el Departamento de Policía de Nueva York les dijo a sus 36.000 agentes que estuvieran completamente movilizados y listos para responder a cualquier posible protesta o disturbio.
Hacia el final de la campaña presidencial de 2016, Cohen le pagó a Daniels 130.000 dólares para que guardara silencio sobre lo que asegura se trató de un encuentro sexual con Trump 10 años atrás, luego de haberse conocido en un torneo de golf para celebridades.
La compañía de Trump, la Organización Trump, le reembolsó el monto a Cohen y también lo recompensó con bonos y pagos adicionales que fueron registrados internamente como gastos legales. A lo largo de varios meses, según Cohen, la compañía le pagó 420.000 dólares.
Antes de eso en 2016, Cohen también había hecho arreglos para que el editor del tabloide National Enquirer le pagara a la modelo de Playboy Karen McDougal 150.000 dólares para silenciar su historia de una aventura con Trump.
Los pagos a las mujeres tenían la intención de comprar su silencio, pero resultaron contraproducentes casi de inmediato cuando los detalles de los arreglos se filtraron a los medios de comunicación.
Los fiscales federales de Nueva York finalmente acusaron a Cohen en 2018 de violar las leyes federales de financiamiento de campañas, argumentando que los pagos equivalían a una ayuda inadmisible para la campaña presidencial de Trump. Cohen se declaró culpable de esos cargos y de cargos de evasión de impuestos no relacionados, y cumplió condena en una prisión federal.
Trump fue implicado en documentos judiciales por tener conocimiento de los arreglos, pero los fiscales federales en ese momento se negaron a presentar cargos en su contra. El Departamento de Justicia tiene una política añeja de que es probable que sea inconstitucional enjuiciar a un presidente en ejercicio ante un tribunal federal.