MIAMI, Fla. – El ex ministro del Interior de Bolivia se declaró culpable el jueves ante una corte federal de conspirar para lavar cientos de miles de dólares en sobornos de empresarios del sur de Florida a cambio de ayudar a la compañía a obtener un contrato de defensa, según los fiscales.
Los fiscales alegaron que Arturo Murillo, de 58 años, ayudó a una empresa con sede en Tamarac a conseguir un contrato de 5.6 millones de dólares con el gobierno boliviano, dirigido entonces por la ex presidenta interina Jeanine Áñez, para suministrar gas lacrimógeno y otros equipos militares no letales.
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Esa empresa era propiedad del empresario Bryan Berkman, que se declaró culpable de la trama junto con otros tres co-conspiradores: Luis Berkman, su padre, además de Sergio Rodrigo Méndez Mendizábal y Philip Lichtenfeld.
Aunque la denuncia penal federal no nombra a la empresa, los registros comerciales de Florida muestran que Bryan Berkman era el director general de Bravo Tactical Solutions, LLC, que ahora figura como disuelta desde septiembre.
Luis Berkman figura como director de International Defense Group, una empresa activa también con sede en Tamarac.
Los fiscales alegan que Berkman compró el gas lacrimógeno a una empresa brasileña por 3,3 millones de dólares antes de dar la vuelta y venderlo al gobierno boliviano. Parte de los beneficios ayudaron a los co-conspiradores a financiar los sobornos a Murillo.
Murillo blanqueó las ganancias a través del sistema bancario de Estados Unidos, incluidas cuentas en Miami, según los fiscales federales.
En 2021, tras su detención, The Associated Press describió a Murillo como “una de las voces más francas del gobierno de Áñez” y entrevistó a un experto que lo calificó como “la fuerza clave” de su “represión”.
Áñez asumió el poder en noviembre de 2019 después de que el presidente Evo Morales dimitiera en medio de violentas protestas que cuestionaban su reelección.
Murillo se enfrenta a hasta una década de prisión federal tras declararse culpable de conspiración para cometer blanqueo de dinero.
Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, las autoridades aún no han fijado la fecha de la sentencia.
La oficina de campo de Fort Lauderdale de las Investigaciones de Seguridad Nacional está investigando el caso, según el Departamento de Justicia.
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