El Tribunal Supremo Electoral salvadoreño anunció el sábado que dará cumplimiento a una resolución judicial que habilita la reelección presidencial en el país centroamericano y que abre las puertas para que el presidente Nayib Bukele busque la reelección en las elecciones generales del 2024.
“Ante la resolución enramada por la Sala de lo Constitucional (de la Corte Suprema) sobre la opción de inscripción al presidente de la República como candidato para un segundo mandato, dará cumplimiento a la misma, en virtud de que las resoluciones y sentencias de (ese ente) son inapelables y de obligatorio cumplimiento”, señaló el organismo electoral en un comunicado.
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Agregó que cumplirá las disposiciones emitidas por la sala del máximo tribunal de justicia mediante las cuales se establece la opción de inscripción al presidente como candidato para buscar un segundo mandato en las urnas, si así "lo desea y si un partido político legalmente inscrito lo postula para el cargo”.
Hasta ahora, los presidentes salvadoreños no podían revalidar su mandato de forma consecutiva, sino que debían esperar dos legislaturas, es decir 10 años.
En su resolución divulgada la víspera, la constitucional ordena al máximo ente electoral “que permita, de conformidad al artículo 152 ordinal 1º (de la Constitución), que una persona que ejerza la presidencia de la República y no haya sido presidente en el período inmediato anterior participe en la contienda electoral por una segunda ocasión”.
La decisión supone que Bukele puede optar a ser candidato presidencial, ya que en la legislatura anterior el cargo estaba en manos de Salvador Sánchez Cerén (2014-2019), del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
La resolución responde a una demanda de pérdida de derechos ciudadanos que presentó el abogado Salvador Enrique Anaya contra Nancy Díaz Martínez por supuesta violación a la Constitución al promover y suscribir actas para apoyar la reelección o continuación del presidente de la República.
El fallo judicial provocó una oleada de reacciones favorables por parte de los seguidores de Bukele, mientras que analistas criticaron la decisión y los opositores expresaron su rotundo rechazo.
Pero Bukele, quien acostumbra a reaccionar de inmediato a lo que ocurre en el país con publicaciones en las redes sociales, no se ha pronunciado de momento sobre el tema.
El abogado Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana —una institución sin fines de lucro— dijo a The Associated Press que los fallos de la Sala son de obligatorio cumplimiento, "siempre y cuando vengan pronunciados por personas que están legitimadas para ocupar el cargo y estos abogados que están ejerciendo fueron impuestos de forma ilegítima” —según señaló— por el actual mandatario.
Consideró que el gobierno va a hacer prevalecer la resolución de la Sala para permitir que Bukele se pueda reelegir.
Por su parte, José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, señaló en su cuenta de Twitter que “la Sala de lo Constitucional de El Salvador —que Bukele coptó en mayo de este año— acaba de permitir que Bukele se presente a una reelección. El mismo libreto que usaron Daniel Ortega y Juan Orlando Hernández (En Nicaragua y Honduras). La democracia en El Salvador está al borde del abismo”.
En el primer día de sesiones el 1 de mayo, la nueva Asamblea Legislativa —controlada por el partido Nuevas Ideas del presidente Bukele— destituyó a los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional y al Fiscal General, una decisión que recibió duras criticas tanto dentro como fuera de la nación centroamericana por considerar que atenta contra la división de poderes. Esa misma noche, el pleno de la Asamblea escogió y juramentó a cinco nuevos magistrados para la sala y a un Fiscal General.
La encargada de negocios de la embajada estadounidense en San Salvador, Jean Manes, dijo en conferencia de prensa que “el gobierno de Estados Unidos condena la decisión tomada el 3 de septiembre por la Sala de lo Constitucional salvadoreña”.
“Este fallo es el resultado directo de la decisión del 1 de mayo de la Asamblea Legislativa salvadoreña de remover inconstitucionalmente a los magistrados en funciones de la Sala de lo Constitucional e instalar reemplazos leales al Órgano Ejecutivo”, agregó. “Este declive de la democracia daña la relación bilateral que Estados Unidos se esfuerza por tener con el gobierno de El Salvador".
Para Manes, el fallo “demuestra una estrategia clara para socavar la independencia judicial y eliminar un contrapeso clave al poder ejecutivo”.
“Un principio fundamental de la democracia son los tres poderes del gobierno, por lo que un debilitamiento de la independencia del poder judicial es muestra de una democracia en declive en El Salvador”, sostuvo.
Manes evitó referirse a posibles sanciones, y dijo que “en términos diplomáticos estamos hablando con la Casa Blanca y las otras partes del gobierno de Estados Unidos para marcar el camino adelante”, pero señaló que fuera de la diplomacia, las decisiones tomadas por El Salvador ya “tienen un impacto inmediato porque básicamente se está congelando todos los esfuerzos para atraer inversión” a esta nación centroamericana.