MANAGUA – La policía de Nicaragua detuvo el jueves a la abogada y defensora de derechos humanos María Oviedo Delgado, apenas horas después de que la Fiscalía confirmara la aprehensión del excanciller Francisco Aguirre Sacasa en medio de una incesante ola de arrestos de opositores al gobierno de Daniel Ortega que comenzó hace dos meses.
Mediante un comunicado de prensa, la Policía Nacional informó que investiga a Oviedo Delgado por realizar “actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación”, los mismos cargos imputados a Aguirre Sacasa y a la mayoría de los otros 29 opositores arrestados desde fines de mayo.
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La detención de la abogada había sido denunciada en medios de prensa por la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), un organismo no gubernamental, para el cual ella labora como asesora jurídica. Sus colegas dijeron que fue interceptada en la tarde por policías uniformados y otros de civil cuando visitaba a su familia en la ciudad de León, en el occidente del país.
En un comunicado, el Ministerio Público indicó que Aguirre Sacasa, que también fue embajador de Nicaragua en Washington durante el gobierno del presidente Arnoldo Alemán (1997-2001) y está vinculado a sectores de la oposición al gobierno de Ortega, permanecerá 90 días bajo “detención judicial” para ser investigado, aunque no reveló en qué lugar se encuentra.
Más temprano, la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) había denunciado el “secuestro” de Aguirre Sacasa, “detenido injustificadamente por la Policía, al aplicar la inconstitucional Ley 1055”.
Según la Fiscalía, al exministro se le investiga “por tener indicios de que ha atentado contra la sociedad nicaragüense y los derechos del pueblo”. Son los mismos cargos imputados a la mayoría de otros 29 opositores detenidos recientemente, entre ellos siete aspirantes a la Presidencia que pretendían disputar el poder a Ortega en las elecciones del 7 de noviembre.
El excanciller “presuntamente ha realizado actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación de Nicaragua. Públicamente ha incitado en distintos foros a la injerencia extranjera en los asuntos internos, proponiendo bloqueos en contra del país y sus instituciones. Asimismo, ha celebrado la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos”, agregó el comunicado oficial.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) expresó en un mensaje de Twitter su “condena y rechazo” a la detención del exfuncionario gubernamental, y exigió “su libertad inmediata y respeto a su integridad personal. No a la criminalización”.
“Continúa implacable la persecución y el asedio de la dictadura en contra de ciudadanos opositores”, escribió por la misma vía Álvaro Leiva, director de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH).
La oposición acusa al excomandante Ortega, de 75 años, de haber ordenado el arresto de sus adversarios para “despejar el camino” que le permita alcanzar su tercera reelección e iniciar un cuarto mandato consecutivo en enero de 2022.
Ortega asegura que los opositores presos son “criminales” y “terroristas”, y los acusa de haber participado en las protestas sociales de 2018, que su gobierno califica como “un fallido golpe de Estado” organizado por Estados Unidos para derrocarlo.