BRAZIL – El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, firmó el lunes un decreto para el despliegue de soldados a la Amazonía con el fin de frenar la creciente deforestación, apenas dos meses después de retirar a las tropas de la región y días después de que el ministro del Ambiente presentó su renuncia.
El decreto publicado en el diario oficial señala que se enviarán soldados a los estados de Pará, Amazonas, Mato Grosso y Rondonia hasta finales de agosto. La publicación no daba detalles sobre el número de soldados o el costo del operativo.
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El vicepresidente Hamilton Mourão dijo a los reporteros hace unas semanas que el despliegue podría extenderse más allá de los dos meses originales por el inicio de la temporada seca, cuando los pobladores queman la selva para desmontar terrenos para el cultivo.
La defortestación en la Amazonía ha ido en aumento por varios años, pero se ha disparado desde 2018, cuando fue elegido Bolsonaro, quien hizo reiterados llamados a una mayor urbanización en la selva. La destrucción de la Amazonía ha desatado indignación a nivel internacional, y en fechas recientes provocó que el presidente estadounidense Joe Biden instara a Bolsonaro a tomar una postura más estricta contra la tala ilegal.
Esta sería la tercera ocasión que Bolsonaro despliega tropas en la Amazonía. El despliegue más reciente de la “Operación Brazil Verde” finalizó en abril. Miles de soldados han participado en cada una de las misiones. Sin embargo, expertos en medio ambiente han dicho que el personal castrense no está lo suficientemente capacitado, lo que ha limitado la eficacia de las operaciones.
En 2020, la deforestación de la Amazonía brasileña alcanzo sus niveles más altos desde 2008, según datos oficiales.
Además, existen indicios de que el 98,9% de la deforestación tiene indicios de ilegalidad, al realizarse ya sea cerca de manantiales, en zonas protegidas o sin la autorización necesaria, según datos que difundió este mes MapBiomas Project, una red de organizaciones sin fines de lucro, universidades y compañías tecnológicas que estudian el uso de suelo brasileño. El regulador ambiental de Brasil impuso multas en apenas el 5% de los casos, descubrió el grupo.
Márcio Astrini, secretario ejecutivo de Climate Observatory, una red de grupos ambientalistas sin fines de lucro, dijo que el más reciente despliegue militar es “una cortina de humo” que le permitirá al gobierno decir que combate la deforestación. Destacó que una iniciativa que tuvo éxito en el pasado, que era financiada en su mayoría por los gobiernos de Noruega y Alemania, ha estado suspendida desde 2019.
“El gobierno ha implementado una serie de medidas que simplemente destruyen la capacidad de monitoreo del Estado, como dejar de imponer multas por infracciones ambientales”, dijo Astrini. Añadió que el órgano regulador también ha dejado de destruir la maquinaria utilizada para la tala ilegal.
El plan de Bolsonaro para desplegar tropas se produce en momentos en que el gobierno de Estados Unidos ha hecho llamados para frenar la deforestación de la Amazonía en un intento por combatir el cambio climático. Bolsonaro ha dicho que su país carece de los fondos suficientes para hacerlo sin ayuda, a pesar de que la nación lo hizo así a inicios de este siglo.
Estados Unidos ha dejado claro que únicamente estaría dispuesto a contribuir una vez que Brasil registre progreso concreto, del cual no hay indicios hasta el momento. Las negociaciones entre Estados Unidos y el Ministerio de Medio Ambiente de Brasil han quedado estancadas, señalaron tres funcionarios del gobierno brasileño a The Associated Press. Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato debido a que no estaban autorizados a declarar de manera pública.
La decisión de desplegar tropas es, en parte, para demostrarle a Estados Unidos las buenas intenciones del gobierno, dijo uno de los funcionarios.
El 23 de junio, el ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, anunció su renuncia en medio de fuertes críticas a su gestión y dos investigaciones en torno a sus acciones respecto a supuestas operaciones de tala ilegal. El funcionario ha negado su participación en cualquier irregularidad.