Domingo Antonio Zeledón viajó durante casi tres semanas desde su hogar en Nicaragua, dejando atrás a su esposa y a sus tres hijos más jóvenes para venir a Estados Unidos acompañado de su hijo de 17 años.
No podía mantener a su familia con sus ingresos equivalentes a 5 dólares diarios. Incluso después de cruzar la frontera en el Rio Grande Valley, Texas, y someterse a una prueba diagnóstica de COVID-19 durante su detención, nunca creyó que se le permitiría quedarse en Estados Unidos para solicitar asilo. Otros migrantes le aseguraron que no se quedaría.
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“Yo no sé por qué a mí no me expulsaron”, dijo Zeledón en un albergue de McAllen, Texas, la semana pasada mientras se preparaba para partir rumbo a Wisconsin, donde se encontraría con un amigo para realizar trabajos de construcción.
“A mí me decían todos en Reynosa que no iba a pasar por el motivo que el menor que yo traía era mayor”, continuó. “Pero yo dije, yo me la voy a jugar”.
Mientras los migrantes enfrentan incertidumbre sobre a quién se le permite quedarse y a quién no, el gobierno del presidente Joe Biden está reestructurando la manera en que utiliza una medida relacionada con la pandemia conocida como Título 42, en honor a la sección de una poco conocida ley de 1944 que invocó el expresidente Donald Trump para poner fin al asilo en momentos en que las autoridades de salud buscaban la manera de evitar la propagación del coronavirus.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) confirmó el martes que implementaría medidas para relajar más las restricciones al asilo que durante más de un año han hecho que las autoridades fronterizas expulsen del país de manera expedita a los adultos solos y a muchas familias de migrantes con hijos mayores. A diferencia de Trump, Biden ha permitido que los menores sin compañía de un adulto permanezcan en el país.
Un abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) dijo el lunes que los cambios son resultado de las negociaciones para resolver una demanda presentada por el organismo ante un tribunal federal en Washington, D.C.
El gobierno de Biden acordó permitir eventualmente el ingreso de unas 250 personas cada día por los cruces en la frontera con México para que soliciten refugio en Estados Unidos. El DHS señaló que “trabaja para optimizar un sistema para identificar y procesar legalmente a los individuos particularmente vulnerables que ameriten excepciones por motivos humanitarios bajo la orden del Título 42”. A esas personas se les permitirá solicitar protección humanitaria a través de un consorcio de organizaciones no gubernamentales una vez que se les practiquen pruebas diagnósticas de COVID-19.
Alrededor de 2.000 personas ya han quedado exentas de la expulsión y se les ha permitido ingresar al país para solicitar asilo y otras formas de protección, dijo el abogado de la ACLU Lee Gelernt.
“Aunque se espera que estas concesiones salven vidas, no sustituyen a la eliminación del Título 42 y la plena restauración del proceso de asilo”, apuntó.
El gobierno también dejó de trasladar vía aérea a las familias de migrantes desde Rio Grande Valley —el corredor con más cruces fronterizos ilegales— a ciudades como El Paso y San Diego para ser expulsadas desde ahí a México. Estados Unidos puede reanudar los vuelos “si considera que las circunstancias lo ameritan”, informaron ambas partes.
El DHS indicó en un comunicado que los vuelos se suspendieron inicialmente por “necesidades operativas” y que las negociaciones resultaron en una “suspensión continua”.
Biden ha sido criticado por los progresistas por mantener la figura de asilo lejos del alcance de muchas personas y por crear políticas que alientan a los padres de familia a enviar a sus hijos solos a través de la frontera. Críticos en materia de seguridad afirman que exentar a los niños de la expulsión derivó en una cifra récord de cruces en la frontera entre México y Estados Unidos, y que relajar las restricciones significará una invitación a que vengan muchas más personas.
Activistas migratorios han incrementado la presión por poner fin por completo a las expulsiones, asegurando que no se puede defender la práctica únicamente con el argumento de proteger la salud pública. Por lo general, los migrantes son expulsados hacia México dentro de las primeras dos horas luego de ser detenidos por agentes de la Patrulla Fronteriza.
Funcionarios del gobierno han insistido en que los poderes relacionados con la pandemia se mantienen en vigor por motivos de salud pública, pero no han sido claros sobre el sistema de asilo “humano” que Biden prometió durante su campaña. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, dijo a legisladores la semana pasada que se necesita mejorar el sistema.
“Ha sido un desafío de años que precede al gobierno de Trump, que precede al gobierno de Obama, que las resoluciones a las solicitudes de asilo tomen demasiado tiempo”, declaró Mayorkas. “Necesitamos reducir eso, pero no a costa de permitir que los individuos desarrollen sus solicitudes legítimas mediante la recuperación de un trauma que pudieron haber sufrido o que sufrieron”.
Melissa Crow, abogada del Southern Poverty Law Center, dijo que a las personas anotadas en las listas de espera no oficiales para solicitar asilo en los cruces fronterizos se les debería permitir ingresar a Estados Unidos. El Centro Strauss de la Universidad de Texas, campus Austin, emitió el martes un reporte en el que se estima que este mes hay casi 19.000 nombres en esas listas en ocho localidades fronterizas de México, un incremento del 15% respecto a febrero.
“Como solicitantes de asilo, estos individuos son vulnerables y deberían estar cubiertos por el proceso del consorcio”, dijo Crow, quien representa a los migrantes anotados en listas de espera en una demanda federal en San Diego. “Pero debido a la falta de un acercamiento concertado a estos individuos, ya sea por el gobierno o por las organizaciones del consorcio, la mayoría de ellos no tienen ni idea de la existencia del proceso del consorcio o de que son elegibles para el mismo”.
Los más de 173.000 encuentros de la Patrulla Fronteriza con migrantes en la frontera con México durante el mes de abril representan la cifra más alta desde abril de 2000, aunque los números no se pueden comparar directamente debido a que más del 60% de las personas detenidas el mes pasado fueron expulsadas. La expulsión no conlleva consecuencias legales, por lo que muchas personas realizan múltiples intentos de ingresar al país.
Las autoridades encontraron a 17.171 menores que cruzaron sin compañía de un adulto durante abril, la cifra más alta desde que el mes previo se impuso un máximo histórico con 18.960.
Además, se encontró a unas 50.000 personas que viajaban en familias en abril. Una de cada tres familias fue expulsada a México. Al resto se les permitió permanecer en Estados Unidos para solicitar asilo.
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Spagat reportó desde San Diego.