BRAZIL – Varios magistrados del Supremo Tribunal Federal de Brasil señalaron que la prohibición dictada el año pasado contra los operativos policiales en las favelas de Río de Janeiro debe ser revisada a la luz de una de las ofensivas de ese tipo más mortíferas en la ciudad.
El año pasado, el Supremo Tribunal Federal de Brasil emitió un fallo que prohibía los operativos policiales en las favelas de Río durante la pandemia de coronavirus a menos de que sea “absolutamente excepcional”.
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El magistrado Marco Aurélio Melo dijo durante una entrevista telefónica con The Associated Press que la redada del 6 de mayo debería ser investigada, pero no señaló si había violado el fallo emitido anteriormente. En lugar de eso, comentó que el fallo de la corte debería haber sido revisado al persistir la pandemia.
“La decisión partió de la base de que la medida cautelar sería temporal y que habría una demora de unos meses”, comentó. “El Estado es la ley. Hay que luchar contra el tráfico”.
Otros tres magistrados de los 11 del máximo tribunal brasileño coincidieron con Mello en que el tema debe ser revisado. Hablaron con la AP bajo condición de anonimato debido a la delicadeza del asunto.
Las autoridades dijeron que un agente de la policía y 27 presuntos delincuentes fallecieron en el operativo. Los residentes y activistas señalaron que se cometieron abusos contra derechos humanos.
El fallo emitido el año pasado se produjo luego de que la policía mató a un joven de 14 años en una vivienda donde no había indicios de ninguna actividad ilegal. Causó una disminución en los operativos policiales durante la mitad del año pasado, tal como reflejó una caída en el número de tiroteos reportados por Crossfire, un grupo no gubernamental que monitorea la violencia, y en datos oficiales sobre las muertes derivadas de la intervención policial. Sin embargo, ambos indicadores han regresado a los niveles prepandemia.
La policía de Río afirmó que el operativo del 6 de mayo en la favela de Jacarezinho, en la región norte de Río, se realizó tras 10 meses de vigilancia y recabación de inteligencia. Emitió 21 órdenes de arresto, pero sólo detuvo a tres de los sospechosos.