BUENOS AIRES – El gobierno de Alberto Fernández anunció el viernes un nuevo paquete de ayuda social para los sectores más vulnerables de la población, que se han visto castigados por la pandemia de coronavirus y una inflación descontrolada en los precios de los alimentos en Argentina.
Con una inversión adicional de 130.000 millones de pesos (1300 millones de dólares), se ampliará el universo de familias que reciben mensualmente un subsidio para comprar alimentos. La denominada tarjeta Alimentar, que hasta ahora beneficiaba a familias con niños de hasta seis años, se extenderá a menores de hasta 14 años.
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La cantidad de niños beneficiados por la medida pasa de 1,9 millón a 3,7 millones.
En el último semestre de 2020 el país sudamericano reportó 42% de pobres y casi seis de cada diez niños son pobres. La desocupación, en tanto, se ubica en 11%.
Argentina enfrenta un doble flagelo: la recesión económica agravada por la pandemia de coronavirus y una suba en los precios de alimentos que aceleraron la inflación en el primer trimestre del año a 13%.
El gobierno apunta contra las empresas alimentarias y productores agropecuarios, a quienes acusa de trasladar al mercado local los precios internacionales. Por su lado, los empresarios se quejan de un exceso de impuestos y de emisión monetaria y los controles de precios como causales.
“No hay dinero que alcance para poner en los bolsillos de los argentinos que lo necesitan si siguen aumentando los precios”, lamentó el presidente Fernández al hacer el anuncio de medidas sociales durante una reunión del Consejo Federal Argentina contra el Hambre.
Este ámbito, creado por Fernández tras asumir en 2019, está integrado por empresarios, representantes de la sociedad civil y religiosos.
El monto de la tarjeta Alimentar va desde los 6.000 pesos (60 dólares) para madres con un hijo hasta 12.000 (120 dólares) para tres o más hijos.
Los recursos para reforzar la ayuda social se obtuvieron a través de un impuesto extraordinario a la riqueza que el Congreso aprobó a fines del año pasado y alcanza a las fortunas superiores a los 200 millones de pesos (2 millones de dólares).
Según Fernández, 80% de los alcanzados por el impuesto aceptaron pagarlo. El resto inició acciones legales por considerarlo confiscatorio.
“Quiero agradecerles, en un momento de emergencia, ellos fueron solidarios. (Pero) lamento el egoísmo de otros que en esta realidad, en esta situación, piden que no les toquen ni un centavo”, comentó el mandatario. “El esfuerzo lo tenemos que hacer entre todos, no algunos. Y los que menos esfuerzo tienen que hacer son los que menos tienen”.