BUCARAMANGA – Corría el año 2011 cuando Doris Tejada sintió un escalofrío mientras veía un reporte de noticias en la televisión en el que un grupo de madres colombianas culpaba a los militares de los asesinatos de sus hijos desaparecidos. “Eso que está pasando con los hijos de ellas es lo mismo que nos está pasando a nosotros”, le dijo esa noche a su esposo, Darío Morales. “Dicen que es un falso positivo. Yo no sé qué eso”.
Doris perdió el rastro de su hijo Óscar Alexander, de 26 años, durante el fin de año de 2007, cuando viajó desde su casa en Fusagasugá, a dos horas de Bogotá, hasta la ciudad fronteriza de Cúcuta para trabajar vendiendo ropa. El joven recién había perdido su trabajo como ayudante de un topógrafo e invirtió sus ahorros en la mercancía para ayudar a su familia. La última vez que Doris lo escuchó fue aquel 31 de diciembre.
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Más de una década después, Doris y su marido saben que Óscar engrosa la lista de falsos positivos, como se conoce en Colombia a las víctimas de ejecuciones extrajudiciales a manos de miembros del ejército que los hicieron pasar por guerrilleros en la década de los 2000. El caso de Óscar fue aceptado en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), tribunal encargado de juzgar los hechos del conflicto interno, en el macrocaso de falsos positivos.
Según han admitido algunos militares, estos hombres inocentes eran llevados a lugares distantes mediante engaños, luego los mataban y los hacían pasar por criminales derrotados en combate para reclamar recompensas a cambio de presentar resultados en la lucha contra los grupos armados.
Tras la desaparición de su hijo en medio del conflicto armado interno, Doris se unió a las Madres de Soacha, una organización conformada por madres, esposas y hermanas que exigen justicia por casos similares y fueron las primeras en denunciar ejecuciones extrajudiciales durante el gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010). Como las Madres de la Plaza de Mayo en Argentina, las Madres de Soacha buscan a los responsables sin descanso.
En Colombia los procesos para indagar en los asesinatos de falsos positivos no avanzan al ritmo que las víctimas quisieran: en la justicia ordinaria hay 10.742 personas investigadas, la mayoría militares entre los que hay involucrados miembros de 25 brigadas del Ejército, pero sólo han sido condenados 1.740 de ellos, según reportó en 2019 la Fiscalía a la Corte Penal Internacional. La AP consultó a la Fiscalía sobre los casos y las etapas de investigación en la que se encuentran a la fecha, sin obtener respuesta.
De un grupo de 20 víctimas de las Madres de Soacha, Doris, de 70 años, es la única que no ha encontrado los restos de su hijo. “Me siento impotente, como que ya las fuerzas me faltan porque no he podido recuperar el cuerpo de mi hijo después de 13 años y darle una cristiana sepultura, como todo ser se merece”, contó entre lágrimas a The Associated Press.
Doris tardó cuatro años en tener las primeras noticias del paradero de Óscar Alexander. En 2011 la Fiscalía de Fusagasugá le informó que había muerto en Copey, Cesar, un pueblo al norte del país, muy alejado de la ciudad fronteriza de Cúcuta, donde fue visto por última vez.
“Me dijeron: está en una fosa común, tuvo un enfrentamiento con el Ejército, que lo asesinó porque era miembro de las Bacrim (Bandas criminales llamadas “Águilas Negras” que supuestamente se dedicaban a extorsionar hacendados de la zona)”, relató Doris, quien replicó de inmediato que su hijo no pertenecía a un grupo armado. Posteriormente el certificado de defunción expedido en la Registraduría corroboró que esa era la información oficial del momento.
Pese a que las autoridades le señalaron dónde fue “dado de baja”, la búsqueda de los restos de su hijo no ha cesado y la pandemia del coronavirus le trajo una nueva complicación: en julio de 2020 se hallaron fosas comunes en Copey cuando la alcaldía excavó para enterrar víctimas de COVID-19 en el mismo lugar donde se cree que están los restos de Óscar. “Yo me enteré como a las 10 de la noche y me volví loca. Le dije a mi esposo: van a enterrar cuerpos del COVID en el terreno donde está Óscar, ¿cómo lo vamos a poder encontrar?”, recuerda.
La Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) denunció lo que estaba ocurriendo y pidió protección para el predio, debido a que lleva la defensa del caso de Óscar y de otros dos jóvenes víctimas de falsos positivos: Germán Leal Pérez y Octavio David Bilbao. Aunque no se conocían entre sí, fueron asesinados, enterrados en las mismas fosas comunes y presentados por los militares como miembros de grupos ilegales.
“Este caso tiene tres víctimas y se tramita en una sola investigación ante la justicia”, explicó a la AP Sebastián Bojacá, coordinador del área penal de la CCJ. Aún no hay condenas ni imputados, explica el abogado, solo militares vinculados al proceso: tres oficiales, dos suboficiales y siete soldados.
Tras ese descubrimiento, la JEP dictó medidas cautelares en el cementerio para proteger los restos óseos de personas no identificadas que podrían ser víctimas de la violencia, mientras que la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) declaró el sitio como lugar de interés para su trabajo. Sin embargo, en marzo de 2021 la JEP inspeccionó el lugar ante denuncias de un presunto desacato de la orden de protección. Según la Comisión Colombiana de Juristas, el alcalde de Copey, Francisco Manuel Meza, habría continuado con labores de construcción para adecuar el lugar y hacer un nuevo cementerio.
Por el momento las autoridades no han corroborado que en Copey existan cuerpos de víctimas de falsos positivos. “El análisis de la información allí recopilada se encuentra en curso y será de éste que se logre concluir si dentro de los restos óseos allí identificados se encuentran víctimas de ejecuciones extrajudiciales”, indicó la JEP a la AP, en respuesta a un cuestionario escrito.
En Colombia el fantasma de los falsos positivos regresó en febrero de este año, cuando la JEP reveló que la cifra de ejecuciones extrajudiciales se elevó a 6.402, casi el triple de las que se conocían hasta el momento y que según la Fiscalía ascendían a 2.248 víctimas entre 1988 y 2014. La cifra podría aumentar porque la investigación aún no ha concluido, según dijo la JEP a la AP, y en los próximos meses se conocerían las primeras imputaciones contra los miembros de la fuerza pública.
El periodo crítico, según el informe de la JEP, estuvo entre 2002 y 2008 durante el mandato de Uribe, en el que ocurrieron el 78% de los casos de falsos positivos de Colombia. Ése es también el periodo en el que la Fiscalía señala mayor incidencia de casos.
Tras la publicación de las nuevas cifras, Uribe las desconoció y aseguró que estaban sustentadas en información de ONGs contrarias a su gobierno y defendió su política de “seguridad democrática”, con la que se enfocó en dar resultados y combatir a la guerrilla hasta abatir a algunos de sus cabecillas más importantes, lo cual fue muy popular en un país con la guerrilla más antigua de América Latina.
“No hay un solo militar que pueda decir que recibió de mi parte mal ejemplo o indebida insinuación”, indicó en un comunicado divulgado el 18 de febrero, y aseguró que durante su mandato se suspendieron a 27 militares del Ejército por irregularidades en la aplicación de protocolos tras denunciarse públicamente los casos de falsos positivos. Algunos de ellos fueron condenados por estos hechos hasta por 50 años de prisión.
Sin embargo, el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, dijo a la AP que las medidas de las que habla el expresidente se tomaron a partir de 2006, cuando “ya habían ocurrido muchísimos asesinatos”. Agregó que Uribe retiró a los militares en 2008, después de denuncias de la prensa. “Hasta entonces, Uribe siempre optó por creer las mentiras de los militares y hacer oídos sordos ante las denuncias de violaciones de derechos humanos, incluyendo las nuestras”.
La AP intentó contactar al expresidente para hablar más al respecto sin obtener una respuesta de inmediato.
La firma del acuerdo de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018) —sucesor de Uribe— y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) abrió la posibilidad de que 2.000 militares dieran su versión sobre el conflicto armado ante la JEP. Ante este tribunal de justicia transicional también comparecen los exguerrilleros. A diferencia de la justicia penal ordinaria, esta vía no lleva directamente a una pena de cárcel, sino que abre la posibilidad de una pena transitoria cuando se cumplan las expectativas de verdad y responsabilidad que exigen las víctimas del conflicto.
El tribunal de paz ha sido rechazado por un sector de la población, liderado por el uribismo, que cree que no es posible que exista verdadera justicia sin que los exrebeldes paguen cárcel por los delitos de lesa humanidad que cometieron. Actualmente ese sector está en el poder: el presidente Iván Duque es el ahijado político de Uribe.
Tras conocer la nueva cifra de falsos positivos, el gobierno de Duque le pidió a la JEP a través de su alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, que verifique los datos e identifique a todas las víctimas.
Alejo Vargas, docente experto en conflicto y seguridad de la Universidad Nacional de Colombia, explica que la gravedad de la práctica de los falsos positivos radica en “involucrar a una población civil no combatiente como si fuera parte del conflicto” y tiene mayores implicaciones por cuestionar la institucionalidad. “Los miembros de la fuerza pública tienen la misión constitucional de portar las armas de la república y lo que han hecho es transgredir las normas de proteger la vida de los ciudadanos al utilizar las armas contra ellos”, dijo a la AP.
Desde 2017 algunos militares han denunciado amenazas en su contra ante la Fiscalía por declarar en este caso, por lo que la Unidad Nacional de Protección les otorgó medidas de seguridad como carros blindados, hombres de protección, chalecos y teléfonos. Sin embargo, el reciente informe de la JEP que aumentó el número de víctimas de falsos positivos conocidos ha generado una nueva ola de amenazas, según una de las abogadas que los defiende.
“Hay algunos amenazados incluso con disparos. Las más recientes son las llamadas telefónicas y los mensajes que les han hecho para que no continúen con las declaraciones”, aseguró a la AP la abogada Tania Parra. “Ellos ya rindieron versión libre y la mayoría ha descubierto más casos de los que tenían, por ejemplo, uno que tenía nueve procesos abiertos destapó otros 63″, agregó.
Doris Tejada no cede ante el tiempo ni el olvido. Decidió tatuarse el rostro de su hijo en su brazo derecho, 13 años después de su desaparición, y tiene mayor esperanza en la justicia transicional de paz que en la ordinaria, donde el caso de su hijo está estancado desde 2016.
“Óscar es un ser maravilloso que me ha dado una fuerza enorme para seguirlo buscando, anhelo encontrarlo a él y a todos los cuerpos que están en esa fosa”, sentenció Doris.