BUCARAMANGA – El presidente colombiano, Iván Duque, anunció el viernes que está dispuesto a modificar la impopular reforma tributaria que se debate en el Congreso, pero no a retirarla, como pidieron miles de manifestantes en las calles durante dos días de protestas que iniciaron pacíficamente y derivaron en focos de violencia.
“Tenemos que construir con el Congreso, si construir significa que tengamos una propuesta sustitutiva, rápida, que recoja las propuestas también de los partidos, bienvenido sea… que Colombia una vez más le muestre al mundo su solidez institucional para fortalecer nuestras finanzas públicas”, dijo el viernes al medio radial La FM.
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El gobierno está dispuesto a ceder en algunos de los puntos más polémicos de la reforma como el impuesto del 19% para los servicios públicos para los estratos medios y altos, los servicios funerarios y la gasolina. Sin embargo, advierte que esta reforma fiscal es necesaria para mantener subsidios para los más vulnerables.
“Los pilares de la tributaria no han cambiado, por tal razón deben retirarla o hundirla en el Congreso”, dijo a The Associated Press el sindicalista Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).
El gobierno aseguró que necesita el recaudo debido al déficit fiscal del país que calculó en 7,8% del Producto Interno Bruto para 2020 y en 8,6% para 2021.
El Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) confirmó el viernes que Colombia continúa satisfaciendo los criterios de acceso a los recursos de la Línea de Crédito Flexible porque tiene políticas sólidas que afianzará mediante la reforma tributaria.
“Esta reforma contribuirá a estabilizar la deuda pública y a situarla en una trayectoria descendente a lo largo del tiempo, lo que permitirá a las autoridades recomponer los márgenes de maniobra fiscal para garantizar la resiliencia de la economía”, indicó Antoinette Sayeh, presidenta interina del directorio del FMI.
La reforma tributaria ha generado un creciente descontento en los ciudadanos del común afectados por la crisis económica derivada de la pandemia de COVID-19 que protestaron el miércoles y jueves en las calles y en sus casas haciendo sonar cacerolas.
Sin embargo, la situación de orden público se agravó en ciudades como Bogotá, Cali y Pasto, al centro y oeste del país. La Policía Nacional reportó el viernes 185 personas capturadas y 209 policías heridos, cinco de los cuales fueron quemados en medio de los disturbios en Pasto.
La alteración del orden público en Cali, donde se reportó una persona muerta y más de 50 heridas, concentró la atención del gobierno nacional. El ministro de Defensa, Diego Molano, anunció un refuerzo en la seguridad con la llegada de 2.100 uniformados para Cali, y aseguró que los hechos fueron “premeditados y patrocinados por organizaciones criminales”, sin aclarar cuáles.
Se registraron pérdidas materiales por aproximadamente 21 millones de dólares, según la alcaldía de Cali, así como bloqueos en los principales accesos a la ciudad impidieron la llegada de las vacunas contra COVID-19 en los últimos dos días.