MIAMI – Un piloto que operaba desde Miami y organizaba vuelos privados a Rusia y otras partes del mundo para aliados cercanos del presidente venezolano Nicolás Maduro fue sentenciado el miércoles a más de cuatro años de cárcel.
El venezolano Víctor Mones se declaró culpable en enero pasado en una corte federal de Manhattan por cargos de violar las sanciones que impuso Estados Unidos a sus dos principales clientes: el exvicepresidente de Venezuela Tareck El Aissami y su supuesto prestanombres, el empresario Samark López, a quienes Washington designó como capos del narcotráfico en 2017.
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Para evitar ser detectado, el piloto de 52 años y sus cómplices usaban nombres clave, falsificaban bitácoras de vuelo y recibían dinero en efectivo que llegaba vía aérea a Estados Unidos desde Venezuela. En algún momento, Mones intentó cubrir sus huellas ordenándole a uno de sus pilotos que mintiera a las autoridades.
Se trata de uno de los casos más importantes hasta la fecha en contra de un grupo de allegados a Maduro que enfrentan acusaciones en varias cortes federales de Estados Unidos de corrupción, narcotráfico y malversación de fondos de la compañía petrolera estatal PDVSA.
Pero la causa topó con un gran obstáculo el año pasado, cuando el informante principal contra Mones, el también piloto de Miami Alejandro Marín, fue sorprendido mintiéndoles a las autoridades sobre dinero faltante de un paquete de 1,3 millones de euros que trasportó a Estados Unidos en un avión privado en 2018. Desde entonces, Marín ha permanecido encarcelado por cargos de hacer declaraciones falsas a agentes federales de Estados Unidos.
La fiscalía presentó el miércoles sus argumentos en favor de una sentencia más estricta, acusando a Mones de aliarse al “régimen asesino” de Venezuela al organizar vuelos para la campaña presidencial de Maduro en 2018, la cual fue boicoteada por la oposición por considerarla fraudulenta después de que se prohibiera la participación de algunos de los principales rivales del mandatario.
“No se trataba de un servicio de limusinas”, dijo el fiscal adjunto Sam Adelsberg en la corte. “Se trataba de un sofisticado plan que durante varios años socavó nuestra seguridad nacional y nuestra política exterior”.
Sin embargo, la abogada de Mones, Christine Chung, dijo que su cliente no simpatiza con el gobierno socialista de Maduro y lo describió como un inmigrante emprendedor que construyó una exitosa carrera ofreciendo servicios a venezolanos acaudalados, antes de que se aprovecharan de él clientes sospechosos — El Aissami y López — que tenían problemas para pagar sus cuentas mientras Estados Unidos aumentaba la presión sobre Venezuela.
“El proveía servicios a personas mucho más poderosas que él y que terminaron por estrangularlo financieramente”, argumentó Chung. “Utilizaban a mi cliente porque les daba vuelos gratis”.
También indicó que Mones ha ayudado de alguna manera a las agencias de inteligencia de Estados Unidos, aunque no especificó en qué consistía esa asistencia, y Adelsberg se opuso a que se discutiera en un tribunal abierto lo que, según él, era un tema sumamente delicado.
El juez Alvin Hellerstein estuvo de acuerdo en que los crímenes de Mones tenían graves implicaciones para la seguridad nacional de Estados Unidos y le ofendió la descripción de Chung de que su cliente era un “taxista glorificado”.
“En algún momento, no se puede ser indiferente. Debe entender las consecuencias de lo que está haciendo”, declaró.
Pero fue convencido de mostrar indulgencia y ordenó una sentencia de 55 meses —por debajo de las directrices federales recomendadas de al menos 70 meses— debido a las condiciones que Mones soportó mientras luchaba contra el COVID-19 en prisión y a la falta de antecedentes penales. También ordenó a Mones pagar una multa de 250.000 dólares.
“A veces los ojos de un hombre sabio se ciegan”, reprendió Hellerstein a Mones. “Pero usted sabía que esto era un error”.
Mones dijo que se avergonzaría de sus actos durante el resto de su vida y que de ninguna manera tuvo intención de perjudicar a su patria adoptiva.