LA PAZ – Desde una celda policial en La Paz, la expresidenta interina boliviana Jeanine Áñez pidió a la Organización de Estados Americanos y a la Unión Europa enviar misiones para evaluar lo que calificó como una "ilegal aprehensión" en su contra y de dos exministros tras ser acusados de sedición y terrorismo durante la crisis política de 2019 que precipitó la renuncia del entonces mandatario Evo Morales.
En una carta que envió a la OEA y a la UE, Áñez calificó su aprehensión y la de sus ex colaboradores como una “persecución política aberrante” y exigió un “debido proceso”. En tanto, la oficina en Bolivia de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para las Derechos Humanos solicitó a las autoridades judiciales un proceso “justo, independiente e imparcial”.
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Detenida la madrugada del sábado en Trinidad, al noreste de Bolivia, Áñez aguardaba el sábado en celdas comunes para ser llevada ante un juez de medidas cautelares que podría otorgarle arresto domiciliario o enviarla a un penal en forma preventiva mientras avanzan las investigaciones.
“Esto es un atropello, como exmandataria tengo derecho a un juicio de responsabilidades. No hubo golpe de Estado sino una sucesión constitucional. Yo asumí la presidencia por las renuncias que hubo”, declaró a la prensa.
Dos de sus ex ministros también fueron detenidos y la policía buscaba el sábado a otros colaboradores de la exmandataria conservadora.
“Esto no es persecución, es una demanda que se presentó en diciembre por conspiración y sedición en contra de la senadora Áñez”, afirmó el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.
La exmandataria, de 53 años, no será sometida a juicio de responsabilidades en su condición de expresidenta sino por sus acciones como senadora de oposición, alegó el ministro de Justicia, Iván Lima. “Este caso ha sido presentado contra la exsenadora Áñez no contra la expresidenta. Por tanto, no está protegida por un juicio de responsabilidades”, dijo.
El caso ha vuelto a elevar la tensión política en Bolivia. Líderes de oposición han calificado las detenciones de ilegales y han acusado al gobierno del presidente izquierdista Luis Arce de utilizar la justicia para una “persecución judicial”, según han declarado por separado el expresidente Carlos Mesa y el gobernador electo de Santa Cruz Luis Fernando Camacho, ambos líderes de la oposición.
Arce, Morales y legisladores del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) han calificado de un golpe de Estado lo ocurrido tras elecciones de octubre de 2019, denunciadas como fraudulentas por la OEA, lo que desencadenó un estallido social que cobró la vida de 36 personas y obligó a Morales a renunciar tras 14 años en el poder. El expresidente buscaba una cuarta reelección en esos comicios fallidos.
Áñez era entonces senadora opositora y estaba habilitada para la sucesión, que se activó tras la renuncia de Morales y su precipitada salida a México. La exmandataria convocó a elecciones en octubre de 2020 y Arce, el heredero político de Morales, se impuso con el 55% de los votos.
“El Poder Judicial es un instrumento de persecución, no es justicia. Buscan descabezar a la oposición instalando una falsa narrativa de golpe de Estado para desvirtuar el fraude”, declaró Mesa, quien calificó las detenciones como una “acción de amedrentamiento” tras la derrota del MAS en los comicios locales y regionales de la semana pasada, cuyo recuento oficial aún no está cerrado.
Morales, quien se encuentra en Buenos Aires, dijo por Twitter “que se investigue y sancione a los autores y cómplices de la dictadura”.
Tras haber asumir el gobierno, Áñez también arremetió contra Morales y encarceló a varios de sus ministros bajos acusaciones de terrorismo y sedición por haber alentado las protestas, pero la Fiscalía descartó los cargos, incluyendo una demanda por fraude electoral, supuestamente por falta de pruebas después de que Arce jurara al cargo el noviembre pasado.
Durante la crisis las fuerzas de seguridad reprimieron violentamente las protestas a favor de Morales. Un total de 16 personas murieron baleados, lo que también está bajo investigación. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) investiga todas las muertes y aún no se conoce un informe.
Por el supuesto golpe de Estado también son investigados varios jefes militares, entre ellos el excomandante de las Fuerzas Armas William Kalimán y el exjefe de la policía, quienes no fueron hallados en sus domicilios durante los allanamientos del viernes. Otro oficial militar también está procesado y un juez ordenó su detención.
Desde Washington, el director de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, dijo que “las órdenes de captura contra Áñez y sus ministros no contienen ninguna evidencia de que hayan cometido delito de terrorismo, que se presta a arbitrariedades”.