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Polémica en Chile por vacunación a extranjeros

Un trabajador de la salud prepara una dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19 en el Hospital Posta Central en Santiago, Chile, el mircoles 13 de enero de 2021. (AP Foto/Esteban Felix) (Esteban Felix, Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.)

SANTIAGO – Chile no quiere promover el turismo de vacunas y no inoculará a las personas que estén de paso en el país, señaló la cancillería, aunque sí vacunará a migrantes en situación irregular que hayan transparentado su situación, aclaró el jueves la subsecretaria de Salud, Paula Daza.

La polémica sobre la vacunación a extranjeros de paso e inmigrantes se ha acentuado luego de que la cancillería afirmara que no se permitirá a personas de paso vacunarse tras la emisión de un reportaje de la televisión peruana titulado “¿Cómo acceder a una vacuna gratis?”, que incentivaba el turismo de vacunas a Chile.

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Organismos oficiales chilenos habían señalado con anterioridad que los extranjeros —independientemente de si eran o no residentes-- podrían ser vacunados si así lo deseaban. Sin embargo, el canciller Andrés Allamand publicó el miércoles una nueva resolución del Ministerio de Salud que modificaba este supuesto y generó confusión al señalar que las vacunas sólo estaban disponibles para quienes residan en Chile, excluyendo a los que se encuentren en situación irregular.

La subsecretaria Daza especificó el jueves que todos los migrantes que estén en trámite de sacar su visa y aquellos que entraron ilegalmente en el país pero siguieron el trámite de autodenunciarse serán vacunados. “Lo que no queremos es que esto se transforme en un turismo de vacunas”, enfatizó la autoridad.

Los dichos, que causaron confusión y polémica, generaron el rechazo de organizaciones de Derechos Humanos y pro migrantes.

“En el marco de un plan de vacunación exitoso en términos generales y que no parecía estar dejando a nadie atrás, el gobierno de Chile cambió de rumbo y escogió el camino de la discriminación”, la negación de los derechos de poblaciones vulnerables y abandonar las mejores prácticas sanitarias en su esfuerzo por contener el COVID-19, afirmó en un comunicado al respecto Amnistía Internacional.

“Esta resolución no solo atenta contra los derechos que por ley el Estado debe proteger, sino que iría en contra de la eficacia misma del plan de vacunación”, añadió el organismo.


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