CARACAS – Un integrante de la etnia indígena pemón, acusado por las autoridades de participar en un ataque a una instalación militar en el sur de Venezuela en diciembre de 2019, falleció el domingo en un penal, denunciaron activistas de los derechos humanos.
El abogado Alfredo Romero, director presidente de la organización humanitaria Foro Penal, informó que el indígena Salvador Franco murió en la cárcel El Rodeo II, en el poblado de Guatire, a unos 20 kilómetros al oeste de Caracas.
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Romero señaló en su cuenta de Twitter que desde el 21 de noviembre de 2020 existía orden del Tribunal Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control para que trasladaran a Franco “a un centro de salud y jamás fue acatada dicha orden”.
"Denunciamos su grave condición de salud. A pesar de la orden del tribunal jamás fue trasladado de El Rodeo II a hospital”, insistió Romero en otro tuit, sin precisar las razones del fallecimiento.
Tanto para los familiares de los reos como para los activistas es muy difícil conocer de manera independiente la causa de la muerte de un recluso enfermo debido a la opacidad informativa que caracteriza al gobierno. Foro Penal, citando a familiares, repetidamente denunció la escasez de agua en el recinto carcelario, la presencia de ratas, cucarachas, así como una dieta deficiente limitada a arroz con granos.
Las autoridades no estuvieron disponibles de inmediato para un comentario. Los tribunales tampoco suelen pronunciarse directamente sobre algún caso en el país.
Franco y otros 12 indígenas de la etnia pemón fueron detenidos en diciembre de 2019 por los cuerpos de seguridad tras acusarlos de asaltar un destacamento militar en el estado Bolívar, fronterizo con Brasil.
Amnistía Internacional denunció en junio las condiciones de detención y el traslado “arbitrario” de un grupo de 13 personas indígenas de esa etnia vinculadas a la investigación sobre esos hechos, en los que un grupo de funcionarios militares retirados habrían presuntamente tomado una comandancia militar en Bolívar, en el extremo sur de Venezuela.
El líder opositor Juan Guaidó —que se proclamó presidente interino del país en 2019 por considerar que la reelección del presidente Nicolás Maduro en 2018 fue fraudulenta y cuyo mandato como jefe de la Asamblea Nacional finaliza el martes— denunció que se trataría de “un patrón de este régimen la persecución, el secuestro, la tortura y hasta el asesinato político y por eso están señalados como criminales de lesa humanidad e investigados por la justicia internacional”.