CARACAS – El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela declaró nula la reforma del estatuto de transición aprobada la semana pasada por la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, que apuntaba a extender su mandato un año más al considerar que los comicios legislativos del pasado 6 de diciembre fueron fraudulentas.
El máximo tribunal, controlado por el oficialismo, declaró “írrita y carente de validez y eficacia jurídica” cualquier actuación de los actuales diputados “con el propósito de perpetuar, extender, continuar o prorrogar con la investidura o la condición de diputados” de la actual Asamblea Nacional, próxima a “fenecer y con ello atentar o menoscabar” la instalación del nuevo Legislativo.
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La acción del Tribunal Supremo se produjo cuatro días después que la coalición opositora, liderada por el jefe de la Asamblea Nacional saliente, Juan Guaidó, en una sesión virtual aprobó la reforma del estatuto para extender su mandato.
El período del congreso saliente finaliza el 5 de enero, pero los legisladores de la oposición han prometido que seguirán en funciones para lograr elecciones presidenciales y parlamentarias libres, invocando “el principio de continuidad constitucional”. No quedó claro como los legisladores salientes concretarán esa iniciativa. Maduro mantiene firmemente el control de las fuerzas armadas y casi todas los instituciones del Estado.
Estados Unidos y la Unión Europea también han declarado inválidos los resultados de los comicios del 6 de diciembre que dejaron al presidente Nicolás Maduro en control de la única rama del gobierno que no estaba en manos del oficialismo. Más de 60 países en 2019 reconocieron a Juan Guaidó como presidente interino y legítimo de Venezuela, argumentando que la reelección de Maduro también fue fraudulenta.
Los aliados de Maduro se adjudicaron 253 de los 277 cargos a elegir en las elecciones legislativas que fueron boicoteadas por sus adversarios por considerar que no existían condiciones para unos comicios libres y democráticos.
En los pasados comicios legislativos participaron dirigentes disidentes de los principales partidos opositores, a quienes el Tribunal Supremo les entregó la dirección, símbolos, colores y tarjetas de los partidos.