CARACAS – El gobierno del presidente Nicolás Maduro anunció el martes que consignó ante la Corte Penal Internacional un informe en que se presentan presuntas pruebas en las que se evidenciaría que las sanciones impuestas por Estados Unidos constituyen un crimen de lesa humanidad.
“El día de ayer (lunes), Venezuela entregó ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional un informe contentivo de evidencias sobre el daño que a causa las medidas coercitivas unilaterales” estadounidenses mediante sanciones “contra el pueblo venezolano”, dijo la vicepresidente Delcy Rodríguez en una rueda de prensa.
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En un informe que se anexó al llamado “Caso Venezuela II” se detalla que “existen motivos razonables para creer que se han cometidos crímenes de asesinato, de persecución, de exterminio y otros actos inhumanos contra la población civil venezolana”, indicó Rodríguez.
La alta funcionario destacó que las sanciones internacionales impuestas al país por Washington han provocado desde el bloqueo de fondos para adquirir vacunas para dar un impulso a su plan masivo de vacunación contra COVID-19, así como la adquisición de repuestos y otros insumos que han afectado servicios esenciales como el funcionamiento de acueductos y centrales eléctricas.
Según la vicepresidenta, hay 192 personas sancionadas, entre ellas Maduro y varios de sus colaboradores; 150 empresas de las cuales 140 son firmas privadas de 26 países que prestaban servicios en este país.
Además han sido sancionadas 69 embarcaciones, 30 buques petroleros, 58 aeronaves y fueron retenidos los fondos estatales en varios países, incluyendo 342 millones de dólares de una cuenta del Estado Venezolano en el Citibank, monto que fue remitido al Departamento del Tesoro estadounidense.
Maduro repetidamente ha pedido al gobierno del presidente Joe Biden que desbloquee el dinero de Venezuela retenido en el sistema bancario internacional por las sanciones.
Venezuela rompió relaciones con Estados Unidos en 2019 argumentando que ese país impulsa planes para desestabilizar al gobierno y forzar su derrocamiento. Washington congeló todos los activos del gobierno venezolano en Estados Unidos y prohibió a los estadounidenses y sus socios internacionales hacer negocios con Caracas para presionar a Maduro a dejar el poder. Argumenta que fue electo en 2018 en unos comicios fraudulentos.
Venezuela consignó su informe contra Estados Unidos dos semanas después de la divulgación de un documento de la Fiscalía de la CPI, suscrito por la ahora exfiscal general de la CPI, Fatou Bensouda, en el que concluyó que ”existe una base razonable para creer que en Venezuela se han cometido crímenes de la competencia de la Corte” al menos desde 2017.
El documento, desclasificado y publicado el 10 de agosto, plantea la posibilidad de iniciar una investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela. Bensouda dejó el cargo en junio pasado tras nueve años en funciones.
Las autoridades rechazaron el señalamiento afirmando que son “gratuitas e inveraces” las afirmaciones sobre una falta de pasos concretos para "determinar la responsabilidad penal de los sospechosos”.
Los gobiernos de Canadá, Argentina, Colombia, Chile, Paraguay y Perú en el 2018 solicitaron a la Fiscalía de la CPI la apertura de un proceso contra el gobierno de Maduro por supuestos crímenes de lesa humanidad.
En septiembre de 2020, investigadores independientes dijeron en un informe elaborado para el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que fuerzas de seguridad venezolanas han llevado a cabo terribles torturas y asesinatos usando técnicas como descargas eléctricas, mutilación genital y asfixia.