NUEVA YORK – Estados Unidos urgió a Colombia el miércoles a ampliar presencia policial en zonas rurales del país para proteger a líderes sociales y grupos vulnerables tras expresar su preocupación ante la violencia que sufren estos sectores de la población.
El embajador Jeffrey DeLaurentis, vicerepresentante de asuntos políticos especiales para la misión de Estados Unidos ante Naciones Unidas, dijo durante una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU que a su país también le preocupan los asesinatos de excombatientes de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). DeLaurentis animó a Colombia a implementar el plan de evacuaciones que el país anunció el año pasado y a acelerar las medidas de reforma rural incluidas en el acuerdo de paz que el gobierno colombiano firmó con las FARC en el 2016.
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“La continua violencia en zonas rurales ha afectado también de forma desproporcionada a comunidades indígenas y afrocolombianas, agravando desigualdades que ya existían y acelerando el desplazamiento forzado”, dijo el funcionario estadounidense.
El Consejo de Seguridad revisa trimestralmente la situación del proceso de paz en el país latinoamericano. El acuerdo entre la guerrilla y el gobierno del entonces mandatario Juan Manuel Santos en 2016 puso fin a más de medio siglo de conflicto armado.
La violencia en contra de líderes comunitarios y exguerrilleros ha ido en aumento en algunas áreas rurales de Colombia a medida que una nueva generación de grupos armados ilegales se disputan los recursos — como minas de oro y rutas para el trasiego de drogas — que fueron abandonados por las FARC tras el acuerdo de paz.
El lunes, el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, Eduardo Cifuentes, señaló que al menos 276 excombatientes han sido asesinados desde que depusieron las armas en diciembre de 2016, así como 900 líderes comunitarios. El tribunal especial fue creado tras el acuerdo de paz.
La canciller de Colombia, Claudia Blum, dijo en la reunión del miércoles que el gobierno del presidente Iván Duque ha reducido la criminalidad en el país. Blum destacó que es necesario calificar a los disidentes de las FARC como criminales ya que el 80% de los asesinatos de excombatientes de la guerrilla son perpetrados por disidencias y narcotraficantes, indicó.
“Es importante resaltar que la seguridad es nuestro mayor reto y no ahorramos ningún esfuerzo para fortalecer nuestras capacidades en esta materia”, indicó.
Por otro lado, el enviado de Naciones Unidas para Colombia, Carlos Ruiz Massieu, destacó que casi la mitad de los excombatientes de las FARC participa ya en proyectos productivos colectivos o individuales.
“Estos avances son muestras del potencial del trabajo mancomunado entre estado, ex combatientes, víctimas y comunidades para transformar los territorios afectados por el conflicto”, indicó.
Respecto a la violencia, Massieu dijo que “es urgente” que las políticas y medidas tomadas por el gobierno, incluido el reciente Plan Estratégico de Seguridad, “se traduzca en mejores resultados”.
“Espero que al cierre de 2021 podamos reportar que la tendencia de estos reprochables crímenes ha sido finalmente revertir”, indicó.